El alcalde de Abegondo asegura que «desconocía aspectos técnicos y jurídicos de urbanismo» en el juicio por prevaricación

La exsecretaria municipal de Abegondo, Cristina Alonso, se mostró hoy contundente en el Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña el juicio contra diez acusados, entre los que está el actual alcalde y el anterior Abegondo, junto a cinco exediles y tres arquitectos, a los que la Fiscalía vincula con un delito continuado de prevaricación por licencias de obra, así como segregación de parcelas del 2001-2002 y 2004-2005. Aseguró que el Concello funciona mal, que se hacía una interpretación «grosera jurídicamente» de la normativa urbanística para evitar que caducaran licencias urbanísticas. Esta funcionaria, que llegó a Abegondo en mayo del 2004, apuntó que observó una mecánica de trabajo que no respaldó y que existía una actividad «programada y organizada», de manera reiterada, para avalar licencias que consideraba caducadas. Aseguró que optó por registrar sus informes, desfavorables a estos expedientes, por registro tras comprobar que antes de que llegara ella los expedientes no llevaban informe jurídico alguno y temía que hubieran desaparecido, aunque es preceptivo para dar la licencia que se incorporen junto a un informe técnico. Asimismo, esta funcionaria indicó que pese a que los políticos y los técnicos de urbanismo conocían sus informes desfavorables «a ellos no les importaba» y les daban el visto bueno.

Los agentes de la Guardia Civil que investigaron las licencias urbanísticas en Abegondo declararon que existía un «modus operandi» desde el consistorio que consistía en segregar suelo no urbanizable, dar licencia con rapidez y respaldar después reformados de proyectos, que, en muchos casos, contemplaban cambios de ubicación de las viviendas e importantes modificaciones en la distribución. Asimismo, relataron que la mayoría de los proyectos fueron realizados por arquitectos contratados en un estudio próximo al Concello, que es del técnico municipal que validaba los informes y es uno de los acusados en este caso.

El actual regidor, Jose Antonio Santiso Miramontes, declaró en quinto lugar, después de una videoconferencia de la exconcejala Gemma María Salgado, que se encuentra en Aranjuez y tres arquitectos que trabajaron para el Concello de Abegondo. Santiso, que evitó a los reporteros gráficos entrando por un lateral de los juzgados 25 minutos antes del inicio de la vista y se quedó en el edificio en la hora que dieron para comer, declaró: «Soy profesor de Matemáticas desde el 85, mi formación de urbanismo es nula y remitía a Urbanismo a quien solicitara una licencia y de ahí pasaban a secretaria, de ahí a la comisión de gobierno y se subían los que contaban con los informes favorables».

La fiscala cuestionó que se aprobasen en tres meses 95 licencias, pero Santiso dijo que no le sorprendió lo que la representante del Ministerio Público calificó como «aluvión», pese a que había menguado la población tal como se recoge en la nulidad del plan urbanístico. «Desconozco totalmente aspectos técnicos y jurídicos del urbanismo, no otorgué licencia o informe colegiado alguno», dijo el alcalde y reconoció que no le sorprendieron ni la rapidez de la tramitación de las licencias, ni la parcelación realizada «por cuatro personas», como le preguntó la fiscala, quien se refirió al regidor, en varias ocasiones, como «alcalde cuasi profesional». Santiso, que se enfrenta a una petición de inhabilitación de 10 años y 2 años de prisión, reiteró que nunca en su vida respaldó algo con informe desfavorable.

Por su parte, el arquitecto Antonio Carro, otro de los acusados, defendió la legalidad de su trabajo como técnico municipal en Abegondo, acusó a los técnicos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de hacer informes a posteriori de los expedientes cuestionados. «La APLU miente o omite», declaró sobre unos informes que la fiscala utilizó en su interrogatorio como base. Negó con rotundidad que las licencias dadas supusieran un riesgo para la formación de núcleo, que se dieron en lugares sin caminos o incumpliendo la superficie mínima exigida. También defendió la corrección de los reformados y dijo que en caso de informe negativo no llegarían a la comisión de gobierno para su respaldo.

En una declaración tensa en momentos, Carro remitió a las fotos aéreas realizadas por el Ejército estadounidense en los cincuenta para avalar la validez de sus informes, reconociendo, sin embargo, que la documentación de cartografía existente en el Concello en aquel momento era poco precisa. Rechazó que se pueda equiparar la parcelación y segregación de los terrenos y dijo que las licencias «solo dieron las que cumplían», pese a que la fiscala llegó a decirle: «Defiendo que los informes suyos están mal a bulto». Este acusado, fue señalado por algunos vecinos como el que les informó de la posibilidad de segregar parcelas o el que les realizó todos los trámites desde su estudio de arquitectura, incluso ventas.

Cristina Ballón, arquitecta, reconoció en el juzgado que su trabajo no tenía asignado equipo informático, y firmaba las licencias de obra que hacía otro técnico. «Si estaba de acuerdo, firmaba», dijo, tras reconocer que no sabía por qué no le habían reclamado a ella hacer los informes y tras la afirmación del Ministerio Público si «su trabajo consistía solo en firmar». Ballón declaró que la cartografía de la Xunta y del Concello de Abegondo «no se parecía», para justificar que no se viesen elementos que desde la Administración autonómica reconocían que limitaba esas licencias. Esta arquitecta afirmó que no recordaba todos los casos de la acusación, asegurando que solo estuvo trabajando en el Concello unos meses, hace 14 años, atendiendo sobre todo al público, tras la suspensión de las normas subsidiarias, lo que había generado numerosas consultas vecinales. También relató que dejó el puesto por voluntad propia por la complejidad del trabajo, «por la impotencia que existía por el caos a nivel general del Ayuntamiento sin normativa general». Para respaldarlo, apuntó que se veía capaz de levantar un edificio de ocho plantas, pero no establecer la validez de un cierre. «No se me podía exigir delimitar los suelos», apuntó y admitió que abandonó el trabajo por depresión.

Por su parte, el arquitecto Manuel Cortón, que realizó una asistencia técnica en el consistorio de Abegondo, defendió la validez de las licencias de los reformados, de que informó sobre expedientes no caducados. «Yo lo que evito son prórrogas encubiertas», dijo varias veces en su declaración, dejando claro que él informaba sobre proyectos, pero no le correspondía la inspección. También puntualizó que desconocía los informes de la secretaria que cuestionaba las licencias, ni sus criterios, y que tampoco asistió a ninguna de las juntas en las que se respaldaron.

Mientras, el exedil Carlos Santiso, al que la fiscala relacionó con 99 reparcelaciones y 55 licencias de obra dijo, por su parte, que siempre pensó que actuaba «cumpliendo con mi deber». «Nunca desconfié de hacer algo ilegal», comentó.

Juan José Rocha, que sustituyó como alcalde a Santiso cuando este fue conselleiro, también dijo que no es experto en urbanismo y vinculó las licencias a la iniciativa promotora de particulares. Puntualizó que no estaba interesado en el «urbanismo especulativo» y rechazó que conociera los informes negativos de la secretaria, pese a que la fiscala incidió en que fueron entregados y estaba remarcado la parte negativa en negrita. «El texto (aprobado) era igual en el 2003, 2004 y 2005 pasando por dos alcaldes y tres técnicos», declaró Rocha sobre la documentación de las licencias para incidir en que no hubo cambio en la gestión. Rocha, que se enfrenta a la misma petición de condena que Santiso, desvinculó de la segregación de parcelas en suelo no urbanizable y dijo que llegó a retirar un expediente que llegó a la junta de gobierno sin los informes pertinentes.

La fiscala lo relacionó con 43 licencias de obra, pero Rocha dijo que no vinculó estas peticiones con un cambio de la ley. «No era trascendente», consideró, en contra de la línea argumental del Ministerio Público y de las declaraciones de algunos, entre ellos el secretario accidental, que si indicó que la celeridad se debía al cambio de normativa.

El exedil Antonio Fernández indicó que ningún técnico le advirtió de que podría haber problemas en las licencias. La fiscala le recordó que respaldó 86 licencias de obras en suelo no urbanizable. «Por qué no hacerlo si lo hacían legalmente», se preguntó pese a que la fiscala cuestionara que se salpicara de chalés Limiñón.

Otro de los acusados, José Roel, que en su labor como concejal respaldó 4 licencias de reformas, rechazó que conociera que hubiera problemas en las decisiones y Eduardo Giménez, que respaldó 19, se mostró contundente en que no sabía nada de los informes de la secretaria en contra, pese a que la fiscala remarcó que la documentación era «contundente».

El juicio se prevé que quede visto para sentencia mañana, después de la sesión llevada a cabo hoy, que duró más de ocho horas.

---

---

---