La Fundación Franco pide 247 años de prisión para las personas que tomaron simbólicamente el pazo de Meirás el año pasado
A CORUÑA
Subieron a lo alto de la torre y desplegaron carteles en los que reclamaban la devolución del inmueble y denunciaban su ocupación por parte de la familia Franco
08 jun 2018 . Actualizado a las 07:32 h.La Fundación Franco ha solicitado ante el juzgado de Betanzos 247 años de prisión y medio millón de euros a las 19 personas que el pasado agosto tomaron de forma simbólica el pazo de Meirás por delitos de violación de morada, contra el honor con publicidad, daños y odio. En la denuncia, en la que también figuran Carmen Franco Polo y José Cristóbal Martínez-Bordiu Franco, nieto del dictador, se pide para cada una de las personas denunciadas penas que podrían ir desde un mínimo de 3 años y 6 meses hasta los 13 años de cárcel, si se aplicasen las condenas máximas recogidas en el Código Penal.
Los denunciados -militantes del BNG, activistas por la memoria histórica y vecinos de Sada- aprovecharon una jornada de puertas abiertas en el pazo de Meirás para subir hasta lo alto de la torre y desplegar varios carteles en los que se reclamaba la devolución del histórico inmueble y se denunciaba su ocupación por parte de la familia Franco.
La acción simbólica se llevó a cabo de manera pacífica y aproximadamente dos horas después de haber entrado, el grupo abandonó el pazo de Meirás en presencia de agentes de la Guardia Civil.
Los denunciados califican la actuación judicial interpuesta por la Fundación Franco, Carmen Franco y Cristóbal Martínez-Bordiu de «verdadeira barbaridade do punto de vista tanto político canto xurídico» y esgrimen a través de una declaración que la acción simbólica se llevó a cabo durante un día de visita, por lo que dudan de que pueda considerarse violación de morada. Además señalan que durante su protesta no se produjo ningún tipo de daño material y que el acto «debe ser entendido dentro do exercicio democrático da liberdade de expresión».
La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, mostró su apoyo a las 19 personas que participaron en la acción y consideró «inadmisible que ademais de facer uso dun inmoble usurpado ao pobo galego, a familia Franco solicite penas de prisión para estas persoas».
Por su parte, el diputado del BNG, Luís Bará, acusó a la Xunta de «falta de transparencia e opacidade» y de no haber actuado con «contundencia contra o franquismo e os seus herdeiros».