La Marea entierra su proyecto de convertir el hotel Atlántico en una residencia universitaria

Eduardo Eiroa Millares
E. Eiroa A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

PACO RODRÍGUEZ

Ferreiro descarta cualquier uso público y tratará de alquilar el edificio por un millón de euros al año

19 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Los planes de la Marea de convertir el hotel Atlántico, un edificio municipal cuya concesión vence el próximo mes de agosto, en una residencia universitaria se han cancelado. «A universidade entende que a oferta de prazas queda cuberta coa residencia do Calvo Sotelo», dijo Ferreiro en alusión a la residencia que se abrirá en ese centro y que financian Xunta y Diputación.

El gobierno local estudió la posibilidad de darle otros usos públicos al inmueble, de 200 habitaciones, que dejará de explotar la firma Parisiana. Este empresa se lo tenía a su vez alquilado a la cadena NH. Sin embargo, finalmente el consistorio descartó también esa posibilidad y el edificio seguirá gestionado por una empresa privada durante los próximos 20 años. «Valoramos outras opcións, pero os usos compartidos privados e públicos están dando problemas de xestión e decidimos sacar o edificio enteiro», dijo Ferreiro.

El gobierno local, que aprobó en junta de gobierno la operación, dará ahora veinte días de plazo a las empresas interesadas para que presenten ofertas. Entre las condiciones que impone el concurso figura que la compañía que se haga cargo del hotel mantenga a toda la plantilla actual y que el establecimiento no baje de categoría, es decir, que al menos mantenga sus cuatro estrellas.

El contrato que se firmará ya no será el de una concesión, sino un alquiler. Se establece el plazo máximo que firma la ley actualmente para esas operaciones: 20 años en manos de la misma empresa, hasta agosto del 2038.

Que el Atlántico mantenga su actual uso permitirá, según el alcalde, que «siga a existir unha dotación hostaleira importante» en A Coruña.

Además, el Ayuntamiento espera obtener importantes beneficios con el contrato. Así, el gobierno local espera obtener un millón de euros al año como pago del alquiler, «ingresos que antes non tiñamos», apuntó Ferreiro.

El hotel pagaba hasta ahora uno de los cánones más bajos de la ciudad. En total, abonaba al consistorio 2.600 euros por ejercicio. Además, durante décadas la empresa ni tan siquiera pagó el IBI y el IAE al Ayuntamiento. Esos impuestos sí empezó a abonarlos después del 2005, a razón de algo más de 40.000 euros por ejercicio, cifra que se ahorró durante 37 años.

La empresa que todavía lo gestiona hizo una reforma en los años 90 del edificio de unos 3 millones de euros.

El hotel, gestionado en sus inicios por varias familias coruñesas, llegó a tener 150 empleados en sus inicios. En los años 90 quedaron poco más de un centenar y actualmente trabajan en el Atlántico alrededor de 60 personas, plantilla que sube un poco en temporada alta, según fuentes de la empresa.

Todos ellos podrán mantener sus empleos cuando cambie de manos el establecimiento. El traspaso debería hacerse durante el próximo mes de agosto si alguna empresa puja por hacerse con el inmueble.

Durante el anterior mandato la actual concesionaria ofreció pagar un canon mayor que el que abonaba a cambio de una prórroga en la concesión -que no le fue concedida-, prórroga que intentó obtener por la vía judicial hasta el año 2020 sin éxito.

La concesionaria pagaba menos de lo que cobraba por una sola habitación

Los 2.600 euros que pagaba Parisiana al Ayuntamiento están muy lejos de las rentas que obtenía esa empresa por el alquiler del establecimiento. La compañía pedía 3.600 euros por habitación y año, es decir, 720.000 euros por ejercicio, a la cadena a la que le subarrendaba el hotel. A esa cantidad habría que añadirle otras variables, hasta alcanzar una cifra cercana a los 900.000 euros. A ese dinero habría que sumarle el alquiler obtenido, aparte, por el casino ubicado en el bajo, que llegó a reportarle unos 300.000 euros más por ejercicio. Así, Parisiana -adiquirida en 1997 por un grupo de abogados de Santander- facturaba cada año cerca de 1,2 millones a cambio de la gestión de una propiedad municipal por la que abonaba al consistorio solo 2.600 euros.