El gobierno local no contesta a la Valedora do Pobo, que se interesó por el retraso
30 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los informes del Ayuntamiento dicen que el polémico proceso de urbanización de Someso, tramitado entre los años 2004 y 2005, supuso la pérdida de 20 millones de euros para las arcas municipales, pero nunca se han depurado responsabilidades por ello.
El programa electoral de la Marea incluía entre las medidas «urxentes» para los primeros cien días de mandato la revisión del proceso, que tachaban de «pelotazo» y «exemplo paradigmático» de política urbanística «ao servizo da especulación», con el fin de «reparar o dano causado» y «esixir as responsabilidades administrativas, civís e mesmo penais que sexa preciso esixir».
El 30 de junio de aquel año se dio un primer paso, cuando la directora de la asesoría jurídica redactó un informe que, basándose en las investigaciones desarrolladas por el anterior gobierno local del PP, concluía que había causas suficientes para anular los acuerdos del 2005, lo que abriría la puerta a exigir responsabilidades económicas a los cargos políticos implicados, e indicaba que se debía elevar la cuestión al Consello Consultivo para que emitiese su informe preceptivo.
Hoy, cuando casi se han cumplido dos años y cuatro meses de la firma de ese escrito, el gobierno local no ha enviado documento alguno al Consello Consultivo.
Los retrasos han llevado a la Valedora do Pobo a pedir explicaciones al Ayuntamiento. A instancias de un particular interesado en que se aclare lo sucedido, la oficina que preside Milagros Otero Parga envió un escrito al gobierno local el pasado 28 de febrero en el que solicitaba explicaciones sobre la situación del expediente. El Ayuntamiento no contestó a la Valedora, que el 16 de abril volvió a requerir un informe al gobierno local, «recordando expresamente que tal envío resulta unha obriga legal».
No es la primera vez que la Valedora do Pobo se dirige al Ayuntamiento a instancias del citado particular. Según un informe de septiembre del 2017, la institución ya abrió un procedimiento de queja por los retrasos en el trámite de ese expediente en el 2016, aunque fue archivado después al considerar que se habían subsanado los problemas.
En el citado informe, el alcalde, Xulio Ferreiro, señala que la intención del gobierno local sigue siendo enviar el la documentación al Consello Consultivo con el fin de anularlo. Pero antes sería preciso completar tareas pendientes. Por un lado, se señalaba que se estaba trabajando en la propuesta de resolución, que exigía «o estudo exhaustivo do fondo do asunto» y revisar el proyecto de compensación «moi voluminoso» -unas 7.500 páginas- y «de gran complexidade».
El alcalde y el «encanutillado»
Por otra parte, se señalaba que «estase a escanear o expediente e preparar unha copia encanutillada en papel para a súa posterior remisión ao Consello Consultivo de Galicia. Dada a extensión do expediente (que acada na actualidade máis de 1.600 folios) aínda non rematou esta tarefa, que é imprescindible para a remisión ao Consello Consultivo».
Ambos trabajos podrían haberse iniciado en el 2015. A la vista del informe, en septiembre del 2017 no estaban terminados. Hoy se desconoce si alguno lo está, aunque el Ayuntamiento ha confirmado que sigue trabajando en el expediente de la urbanización. En julio del 2015, tras aprobar el inicio del procedimiento de revisión, el alcalde Xulio Ferreiro aseguró que «se pedirán as responsabilidade que haxa que pedir», al tiempo que se comprometía a que el procedimiento se desarrollaría con «transparencia» y «claridad».
Desde entonces no se ha hecho pública novedad alguna de importancia sobre el caso, aunque el gobierno local sí lo ha mencionado varias veces en las periódicas crisis que ha sufrido su relación con el Partido Socialista.
Una polémica que afecta a la antigua cúpula del PSOE y costó 20 millones al Ayuntamiento
Los acuerdos de Someso fueron aprobados por los gobiernos del PSOE. En el anterior mandato, tanto el ejecutivo del PP como el BNG intentaron que se depurasen responsabilidades mediante un demanda en el Tribunal de Cuentas, en la que reclamaban 20 millones de euros al exalcalde Francisco Vázquez y a seis ediles de su gobierno: Javier Losada, Carmen Marón, Carlos González-Garcés, Mar Barcón, Nieves Vázquez y Florencio Cardador.
La decisión del PP de acudir al Tribunal de Cuentas ayudó a deteriorar la relación con sus predecesores del Partido Socialista.
Una relación más relajada
El nuevo gobierno de la Marea renunció a la demanda ante el Tribunal de Cuentas en julio del 2015, al entender que estaba condenada al fracaso si antes no se anulaban los acuerdos del 2005. Como ya se ha mencionado, el ejecutivo de Ferreiro dio los primeros pasos para anularlos, pero esos trámites llevan ahora algo más de dos años estancados.
La Marea ha citado el caso varias veces para criticar a la exportavoz socialista, Mar Barcón, cuando había diferencias. Pero los enfrentamientos nunca han llegado al punto de que el PSOE se plantease retirar el apoyo que dio a Xulio Ferreiro en su investidura; y en general la relación del actual gobierno local con los anteriores líderes socialistas es mejor que la que tenía el PP a finales de su mandato, como indica la afectuosa ceremonia en la que Ferreiro colgó los retratos de Francisco Vázquez y Javier Losada en el Ayuntamiento.