«Hay presos que cumplieron la pena y siguen en Teixeiro por la huelga en Justicia»

Hay reclusos en la prisión de Teixeiro que no han podido disfrutar de permisos o terceros grados que tienen aprobados por el juez de Vigilancia Penitenciaria porque la Justicia está en huelga. Porque los funcionarios que tienen que notificar al centro penitenciario los dictámenes del juez o de la Fiscalía no lo hacen. Ocurre desde hace casi tres meses, desde que comenzó el paro, y eso ha movilizado a los familiares de los presos, que ayer se concentraron a las puertas del edificio de los Nuevos Juzgados para exigir a los empleados de Justicia que suspendan el paro o que, de continuarlo, hagan una excepción con los reclusos y que «no sean tan inhumanos de utilizar a los reclusos para hacer fuerza», según dijo María del Mar Amado, cuyo marido «tiene un permiso otorgado desde hace dos meses por el juez de Vigilancia Penitenciaria y ahí sigue encerrado, volviéndose loco para poder ver a sus hijos». Cuenta esta mujer que su esposo, que cumple una condena de tres años y medio y lleva tres recluido sin permisos, apenas vio a su hija, pues cuando ingresó en Teixeiro su esposa estaba embarazada.

Pilar Jiménez tiene también preso a su marido. Dice que tiene concedido el tercer grado (tienen que pasar como mínimo ocho horas de cada veinticuatro en la cárcel, pero durante el resto del día pueden salir de prisión) y que «sigue encerrado». Como la hija de Soledad Borja, que «ni puede ver a sus hijas».

Protocolo

¿Cómo es posible que una orden de un juez no llegue a prisión? Las decisiones que han de tomar los jueces de Vigilancia Penitenciaria tienen un recorrido que pasa por muchas manos, las de los funcionarios de los distintos departamentos. Si estos no están, o con que solo falte uno, la cadena se rompe y los dictámenes no llegan a la prisión. Así es el protocolo, por ejemplo, de un permiso penitenciario de fin de semana, según explica el penalista coruñés Diego Reboredo: «Es la prisión la que lo propone y lo remite al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Esta sala, a su vez, lo envía a la Fiscalía para que dé su opinión, que lo devuelve al juez, que deberá decidir si lo concede o no. Cuando lo resuelve, lo manda a prisión. Si es favorable, Instituciones Penitenciarias permitirá al recluso disfrutar de ese permiso». Lo que ocurre en estos momentos es que no hay funcionarios suficientes, ni en el Juzgado de Vigilancia ni en la Fiscalía, para tramitar los permisos o los terceros grados, que no entran dentro de los servicios mínimos. Lo que sí entra son las libertades condicionales o las inspecciones, que es en lo que ocupan su tiempo los empleados de Justicia que sí están yendo a trabajar.

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