El concurso no tenía errores, pero la asesoría jurídica dice ahora que existen «infracciones graves y manifiestas»
15 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El 24 de enero, La Voz publicó que el gobierno local había comprado, tras un concurso público, dos inmuebles a un firmante del manifiesto de la Marea. En los días siguientes se supo que había colaborado en la formación del partido, participado en jornadas con líderes de Podemos y las Mareas, y que trabaja desde el 2015 como consultor del gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El 2 de febrero, La Voz publicó que uno de los dos inmuebles, por los que el Ayuntamiento había pagado 145.865 euros a su afín, figuraba en el registro de la propiedad como «local comercial», y en el catastro como «oficinas»; pero el concurso municipal se había convocado para adquirir «viviendas» y «edificios» para uso social. Sus bases no hablaban en ninguno de sus puntos de locales comerciales.
El PP y el PSOE habían empezado a exigir explicaciones desde enero, reclamaciones que se intensificaron, y pasaron a ser respaldadas también por el BNG, cuando se supo que el gobierno local podría haber vulnerado las bases del concurso.
El ejecutivo municipal, lejos de dar explicaciones inmediatas, se enrocó en una estrategia consistente en asegurar que todo el proceso había sido correcto: «O procedemento para a elección dos inmobles a adquirir seguiu de forma rigorosa as bases», contestó el gobierno local a La Voz el 1 de febrero; y en denunciar una supuesta campaña de difamación. Unas denuncias que crecieron a medida que lo hacían las exigencias de explicaciones.
El 5 de febrero toda la oposición respaldó una moción del PP reclamando que se diesen explicaciones. El edil responsable del concurso, Xiao Varela, afirmó que todo era «una artimaña» de los populares para «difamar» al gobierno y que el concurso fue «correcto» y «xustificado». En un comunicado, la Marea aseguró que el proceso no presentaba «ningunha irregularidade», y atribuía las críticas a un intento de «enlamar» un plan «limpo», para ayudar a los desfavorecidos.
Más presuntas irregularidades
Pero, ante el escándalo creciente, se vio obligada a facilitar a la oposición acceso a parte del expediente del concurso. Hasta entonces, y a pesar de la supuesta «transparencia total» de la que se jactaba el comunicado, solo eran públicos algunos documentos. Así se descubrieron nuevas presuntas irregularidades, que llevaron a los grupos a reclamar que los ediles responsables del proceso compareciesen en comisión.
Al término de una de ellas, Xiao Varela reiteró sus acusaciones de que todo se debía a una campaña de «difamación» y aseguró en público que no tenían conocimiento de ningún error. A puerta cerrada, en las comisiones, llegó a hablar de «execución mediática», pero reconoció en más de una decena de ocasiones la posibilidad de que los funcionarios implicados en el proceso hubiesen cometido errores.
La Marea llegó a manipular el vídeo de una rueda de prensa de Rosa Gallego (PP) frente a uno de los pisos, unas oficinas según el Catastro, acusándola de desvelar la ubicación de un futuro piso social. En las redes, desde diversas cuentas anónimas y personales, se lanzaron durante semanas insultos y acusaciones contra los ediles de la oposición, especialmente los del PP y el PSOE, que denunciaban las presuntas irregularidades en el concurso. Fueron respondidas, también anónimante, por cuentas similares con ataques a Ferreiro y la Marea.
El alcalde no se quedó al margen de la táctica. El 5 de marzo tachó las críticas de «estratexia patética» de los populares, a los que acusó de «difamar e insultar» a su gobierno. Aseguró que se habían dado «todas as explicacións» y que el asunto «non dá para máis» por mucho que se intentase «estirar como un chicle».
Violaciones del orden jurídico
Pero la presión no cejó, y en las comisiones el gobierno local se vio obligado a enviar el expediente a la asesoría jurídica. Su informe se conoció el pasado martes, 76 días después de iniciarse la polémica. En ese tiempo, el expediente «rigoroso» que no tenía ni una irregularidad, pasó a convertirse en un documento con «incumplimientos» y «vicios».
La revisión de oficio a la que debe someterse, según la directora de la asesoría que nombró directamente el alcalde, está reservada para, de acuerdo a las citas que figuran en su informe, trámites con «gravísimas y sustanciales infracciones de la ley», según el Supremo; o «violaciones más graves del ordenamiento jurídico», de acuerdo al Consejo de Estado. Incluso así, el alcalde ya ha anunciado que nadie asumirá responsabilidades políticas.