A prisión por cobrar durante 23 años la pensión de su padre fallecido

Un matrimonio de A Coruña recibió 68.000 euros tras ocultar la muerte de un familiar


El hombre, que cobraba una pensión no contributiva, falleció en abril de 1991, pero la Administración lo creyó vivo hasta el 2014, cuando descubrió que su hija y su yerno ocultaron su muerte durante nada menos que 23 años. En ese tiempo, puntuales, acudieron al banco todos los meses para percibir la prestación. En total, recibieron 68.000 euros sin tener derecho a ello.

Cuando la Xunta supo del engaño puso el asunto en manos de la Justicia y el juez les imputó los delitos de fraude contra la Seguridad Social, estafa y falsedad documental. La Fiscalía, por su parte, presentó un escrito de acusación en el que se solicitaba que los procesados, marido y mujer, fuesen condenados a tres años y nueve meses de prisión, aparte de a devolver los 68.000 euros que percibieron durante los 23 años en que mantuvieron oculto a la Administración su fallecimiento. El juicio se señaló para la semana pasada en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, pero no se pudo celebrar debido a que la procesada se encontraba ingresada en un centro sanitario. Se pospuso y se fijó la fecha de ayer, cuando sí comparecieron ambos acusados para reconocer los hechos, aceptar una pena de tres años y medio de prisión y comprometerse a devolver todo el dinero que defraudaron a la Seguridad Social.

El matrimonio ahora condenado, según recogía la Fiscalía en su escrito de calificación, cobró de manera fraudulenta durante 23 años las prestaciones no contributivas que la Xunta de Galicia había concedido al padre de la acusada en el año 1990. El fallecido, que falleció en 1991, solo disfrutó de la paga unos meses: su hija y yerno, durante más de dos décadas.

A lo largo de todos estos años, ni el yerno ni la hija comunicaron a la Xunta la muerte del beneficiario, por lo que la Administración continuó ingresando la cuantía de las prestaciones en la cuenta bancaria que el fallecido compartía con su esposa, fallecida en 2015 e investigada hasta ese momento.

Firmas falsificadas

El condenado, tal y como se demostró, era quien cubría toda la documentación requerida haciéndose pasar por su suegro, mientras que su mujer, hija de los fallecidos, era la persona que falsificaba la firma de su padre.

El matrimonio repitió todo este proceso administrativo para cobrar indebidamente las ayudas hasta que en el año 2013 la Xunta requirió del beneficiario su consentimiento para investigar sus datos económicos y fiscales. Ante el temor de verse descubiertos, los acusados mantuvieron silencio, por lo que la Xunta, frente a la ausencia de respuesta, decidió suspender provisionalmente las ayudas en el año 2014.

El matrimonio decidió entonces comunicar a la Xunta que el beneficiario se trasladaba a Madrid a vivir con un hijo y que sería este quien se encargaría de realizar las gestiones para tramitar las ayudas.

Al descubrir la Xunta que no existía tal cambio de residencia y que el solicitante había fallecido en 1991, los acusados, con la finalidad de salir impunes, hicieron responsable a la madre de la acusada. Para ello elaboraron un escrito en el que supuestamente la esposa del fallecido reconocía el cobro indebido de las ayudas y se ofrecía a restituir el importe de lo cobrado indebidamente.

El acusado escribió él mismo el escrito y la acusada falsificó la firma de su madre, que falleció un año después, en el 2015.

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