La concesionaria lamenta que la apertura al público acumule tres meses de retraso
28 mar 2018 . Actualizado a las 10:29 h.Los 185.000 euros que invirtió el Ayuntamiento en la primera fase de la rehabilitación de la antigua prisión provincial no fueron suficientes. Los responsables municipales pensaban que ese dinero bastaba para poder abrir al público una parte del inmueble y, terminadas las obras, cayeron en la cuenta de que el edificio estaba peor de lo que habían pronosticado los técnicos. Se quedaron cortos y la apertura al público del edificio acumula tres meses de retraso. El propio alcalde reconocía ayer que los informes preliminares que se hicieron antes de sacar las obras a concurso no se correspondían con el verdadero estado del inmueble, que se encuentra, según Ferreiro, «con moitos problemas».
El inmueble iba a abrir a finales de diciembre del año pasado o principios de enero, según las estimaciones del gobierno local el 7 de octubre en la presentación del proyecto. Sin embargo, a día de hoy, todavía no hay una fecha marcada en el calendario. Y eso preocupa a la entidad Proxecto Cárcere, concesionaria de las instalaciones.
Dos de sus miembros, Mariola Mourelo y Xabier Espasandín, se quejaron ayer de que, transcurridos 15 de los 24 meses de la cesión de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) al Ayuntamiento, todavía no se ha podido hacer nada ni entrar en el inmueble. El tiempo corre y esta asociación, a la que pertenecen firmantes del manifiesto de la Marea, no ha podido acceder a la prisión para poner en marcha el convenio, un contrato -sin partida económica aparejada- de gestión y uso de las instalaciones por un año.
Para agilizar la apertura, Proxecto Cárcere solicitó ayer mismo una reunión urgente con el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y con la concejala de Participación Cidadá, Claudia Delso.
Este colectivo no echa en falta voluntad política por parte del Ayuntamiento de abrir de una vez la antigua prisión, aunque, eso sí, criticaron que «cada vez» que se da «un paso» se encuentran «con problemas».
Mariola Mourelo quiso destacar que la disposición de la asociación «é boa e positiva cara ao Concello, a pesar das dificultades e o tempo de espera. Entendemos que é un proceso no que ambas partes estamos aprendendo e vendo as posibilidades da colaboración directa entre institucións e movementos sociais. E temos desexo de avanzar nesa dirección. Non obstante, agora si precisamos de que se nos dea solución inmediata a esta situación».
Los miembros de Proxecto Cárcere también quisieron recordar al Ayuntamiento que ellos cumplieron con su parte y ahora es el Concello el que debe moverse. Así lo explicó Espasandín: «Ata o momento cumprimos co que se nos foi pedindo, tívose paciencia e comprensión cos tempos e procedementos burocráticos institucionais e optouse pola discreción cara a dar información aos medios para facilitar o traballo do Concello e dos seus técnicos. Pola nosa parte fomos facendo un traballo interno intenso no ámbito da formación e do modelo de xestión cidadá para garantir a participación non só das persoas que quixeran ser parte da organización do cárcere, senón para toda aquela que quixera dispor de forma esporádica».
Xulio Ferreiro no quiso ayer responder a la asociación, a la que emplazó a una reunión para agilizar los plazos y poder abrir la prisión cuanto antes.
Una obra mal presupuestada y un pleito con Interior atasca la rehabilitación
La historia reciente de la antigua prisión provincial es un relato de problemas, planes, retrasos y actuaciones judiciales. El edificio que durante 82 años funcionó como presidio lleva desde finales de los noventa con su transición al uso civil atragantada.
El propio Ferreiro explicó en febrero que en el proyecto inicial «houbo que cambiar certa programación da obra e non se puido chegar tan lonxe como se quería, chegouse ata onde se puido».
Otro problema es que el edificio sigue siendo propiedad de Interior, pero está temporalmente cedido al Ayuntamiento mientras no se resuelve un litigio entre las dos Administraciones sobre el pago o no al ministerio para recuperar la titularidad municipal del edificio.
El futuro de la antigua prisión está pendiente, por tanto, de esta decisión judicial. Hay un proceso promovido por el Ayuntamiento para anular el convenio del 2005 según el cual el consistorio debería abonar un millón de euros a Interior para recuperar el edificio. Las dos últimas corporaciones se negaron a pagar. Además, el PP también llevó al Contencioso la adjudicación de la concesión del uso de la prisión a la entidad Proxecto Cárcere.
Para que llegue el día en que la vieja prisión provincial funcione por completo como un centro cultural y participativo es muy probable que haya que convocar un nuevo concurso, más realista y con más fondos, para afrontar las obras necesarias, lo que añadirá más retrasos a los 20 años de espera para su apertura definitiva. Después de dos decenios, habrá que seguir esperando una solución al nuevo problema.