María Pita pagó 7,2 millones desde el 2015 por casos urbanísticos heredados
A CORUÑA
Los presupuestos iniciales del Ayuntamiento en ese período suman 741,28 millones
26 mar 2018 . Actualizado a las 09:57 h.Desde mayo del 2015, el Ayuntamiento ha gastado 7.251.374 euros en «pagos derivados de procesos urbanísticos realizados por anteriores executivos e que non se axustaron á legalidade», según señala el actual gobierno local.
Esas cantidades, señalan las mismas fuentes, se obtienen al sumar «un grande número de expedientes», que se resumen en cuatro tipos principales: las indemnizaciones derivadas de convenios que reconocían un aprovechamiento urbanístico lucrativo a propietarios de suelo a cambio de la cesión de esas fincas para la construcción del paseo marítimo o la tercera ronda, indemnizaciones por expropiaciones contra las que se interpusieron recursos contenciosos y los tribunales elevaron la cuantía del justiprecio, sentencias que condenan a la Administración local por responsabilidades patrimoniales derivadas de convenios urbanísticos, y, finalmente, sentencias de responsabilidad patrimonial derivadas de la reversión de terrenos expropiados en Someso.
En conjunto, esos 7,25 millones en tres años son la factura del llamado «urbanismo depredador». Una forma de gestión política con la que, según el gobierno local, se pensaba «nuns poucos na vez de na maioría», tal y como ha señalado en diversas ocasiones el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela.
Aunque 7,25 millones de euros en tres años son una cifra muy alta para un ciudadano particular, para la Administración es una cantidad más asumible. Los presupuestos iniciales del Ayuntamiento en los tres últimos ejercicios sumaban 741,28 millones de euros. Si se atiende a los presupuestos consolidados -que incluyen todos los entes municipales y todos los ingresos contabilizados a final de año- la diferencia es aún mayor, ya que superan los 280 millones de euros anuales. En resumen la factura del «urbanismo depredador» no ha supuesto durante este mandato municipal ni el 1 % de los fondos que maneja el Ayuntamiento.
Por otra parte, las arcas municipales sí recibieron importantes aportaciones del sector de la construcción en los años anteriores a la crisis inmobiliaria. Solo en el 2008, el Ayuntamiento ingresó más de 5,7 millones de euros por licencias urbanísticas. Esa cifra supone el 80 % de los 7,25 millones en sentencias judiciales pagadas en los últimos tres años, y es muy inferior a los ingresos por licencias previstos este año: 500.000 euros, menos de la décima parte que entonces.
De San Roque a Someso
Claro que el coste de los errores urbanísticos cometidos en el pasado podría aumentar. Las sentencias que llegarán este año, según el ejecutivo municipal, podrían ascender a unos 5,2 millones de euros. Además el gobierno local aún desconoce cuánto tendrá que pagar por adaptar a la legalidad el edificio de San Roque de Afuera, que podría ser demolido en parte tras ser declarada irregular la licencia con la que fue reformado en el 2002. Otro tanto ocurre con el edificio Conde de Fenosa, cuya vuelta a la normativa urbanística podría acarrear una factura millonaria para las arcas municipales.
Ese es el principal problema urbanístico que afronta ahora María Pita. En el pasado se le sumaban las indemnizaciones de Someso, pero la factura de las posibles irregularidades -aunque millonaria- disminuyó de forma significativa cuando los tribunales aceptaron el criterio jurídico defendido por el Ayuntamiento durante el anterior mandato. Cabe recordar que la Marea llevaba en su programa depurar responsabilidades por esa urbanización, desarrollada por anteriores gobiernos del PSOE. Pero los trámites para revisar de oficio el proceso están parados desde el 2015, y no hay señales de que el actual ejecutivo vaya a reactivarlos antes de que finalice el actual mandato municipal.