Nostián, el agujero que surgió de un desastre ecológico

La instalación ideada tras el derrumbe del vertedero de Bens ha superado con graves costes los errores de su proyecto inicial


a Coruña / La voz

El 10 de septiembre de 1996, en el final del verano, 200.000 metros cúbicos de basura del vertedero de Bens cayeron en avalancha sobre O Portiño. La catástrofe arrolló la vida de Joaquín Serantes, que limpiaba su coche al lado del muelle, y despertó la conciencia ambiental de la ciudad. Cinco años después, en verano del 2001, se inauguró el parque de Bens, que cubre el vertedero y el 2 % de todo el municipio con sus 600.000 metros cuadrados; y empezó a funcionar la planta de reciclaje de Nostián, construida para evitar que surgiese otro vertedero. 

Un modelo propio

Valorización vs incineración. El gobierno local del socialista Francisco Vázquez quiso implantar un modelo propio, y la planta de Nostián fue planeada como una instalación pionera, basada en la última tecnología europea, que apostaría por la recogida selectiva y la valorización -dar un segundo uso- de los residuos, en lugar de su incineración, que fue el modelo preferido por el gobierno autonómico para la planta de Sogama. Ambos sistemas han competido durante 18 años, pero podrían ser compatibles, con Sogama incinerando los rechazos de Nostián, y Nostián procesando para compost los restos orgánicos de Sogama. El acuerdo se dio por hecho en el 2007, pero nunca se ha llevado a la práctica.

Una instalación pionera

Nada salió como se preveía. La planta fue inaugurada el 31 de agosto del 2000, con unos meses de retraso, y pronto se comprobó que ese iba a ser el menor de los problemas. Se habían cometido, como más tarde concluyeron las auditorías, errores de planificación que dispararon los costes.

 Se había calculado que Nostián recuperaría casi el 65 % de los residuos que llegasen. El 35 % restante serían «rechazos», basura que solo puede ser quemada o enterrada. Pero en el 2003 los rechazos fueron del 96 %, y en el 2011 seguían siendo de más del 64 %. Esos materiales eran enviados a un vaso de vertido que tendría que haber sido útil hasta el 2025, pero se colmató en el 2007. La gestora tuvo que gastar 9,3 millones más para ampliarlo.

Los desembolsos extras se elevaron a 25 millones cuando se levantaron plantas CDR (combustibles derivados de residuos). La inversión total en la planta pasó así de los 54,2 millones previstos inicialmente a 78,1 millones.

Los costes anuales

Averías y falta de personal. Aunque apenas reciclase, hasta el 2004 los resultados de explotación de Nostián eran positivos. Pero aquel año se averiaron los biodigestores y los ingresos cayeron. Fueron reparados, pero en el 2011 los ingresos seguían en 0,6 millones anuales cuando se habían calculado en 1,3. Las pérdidas se dispararon a partir del 2007 cuando se colmató el vaso de vertido y la empresa empezó a trasladar los rechazos a otros gestores. En aquel año el resultado de explotación de la gestora, Albada, fue de 4,5 millones de pérdidas. En el 2008 los números rojos alcanzaron un récord: 9,75 millones, pero las cifras apenas mejoraron hasta el 2011, cuando el Ayuntamiento intervino.

 Pero la planta no solo contaba con menos ingresos anuales que los proyectados, también sufría unos gastos superiores. El principal fue en personal. Se había calculado que podría funcionar con 45 operarios, pero llegó a tener 136. Los costes de explotación anuales se habían calculado en 1,7 millones, pero en el 2001 solo el gasto en personal ya alcanzaba esa cantidad. En el 2011 los costes de explotación superaban los 12,7 millones, multiplicando por 10 los previstos en principio.

La Intervención municipal

Una cantidad millonaria. En el 2011, Albada presentó una reclamación al Ayuntamiento de desequilibrio económico de la concesión para recuperar esos gastos. En abril de aquel año, en vísperas de las municipales, una junta de gobierno en la que no participaron los ediles del BNG que gobernaban con el PSOE, aceptó esa reclamación en parte. El Ayuntamiento pasó a pagar el traslado de los rechazos, más de 3,2 millones de euros anuales, adelgazando las pérdidas de la empresa hasta cerca de un millón anual.

 La decisión fue muy polémica. Tras las elecciones, el BNG pidió revocarla. El nuevo gobierno del PP encargó auditorías a las empresas KPMG y Applus Norcontrol que no se conocieron hasta el 2014. Los análisis incidían los errores de planificación descritos en los dos apartados anteriores.

A la vista de los informes, los populares -con su actual portavoz, Rosa Gallego, al frente de ese departamento- decidieron rechazar la reclamación económica de la empresa, que fue a los tribunales. El PP también intentó anular por vía judicial -en coincidencia por lo planteado por el exportavoz del BNG, Xosé Manuel Carril- el pacto de abril del 2011 que obligaba al Ayuntamiento a pagar el traslado de los rechazos.

El presente

Más cerca del plan soñado. Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento. En tres sentencias conocidas en los últimos meses, anularon con efecto retroactivo el pacto de abril del 2011 desde enero de ese año. También rechazaron las reclamaciones de la gestora, que pedía 14,7 millones por la revisión del canon y 32 por el desequilibrio económico -del que aceptaron 4,6 millones-. A falta de que las sentencias sean firmes, el Ayuntamiento salió con daños mínimos de un trance en el que jugó 80 millones.

Por su parte, tras muchas vicisitudes, la planta está más cerca del modelo con el que fue creada y su rendimiento mejora de forma sostenida. Según los datos enviados a la Xunta, en el 2016 procesó 177.500 toneladas de residuos. La mitad terminaron como rechazos. Las mejoras tecnológicas y las plantas CDR han terminado con las pérdidas económicas. Mediante los convenios de recuperación de envases, la planta ha generado en los últimos años unos ingresos de cerca de dos millones para el Ayuntamiento y de 1,5 para el Consorcio de As Mariñas. La mejora de la eficiencia se ha traducido en pagas de beneficios para sus cerca de 110 empleados que han limitado los conflictos laborales.

El futuro de la planta se juega el 1 de enero del 2021, cuando termina la concesión, aunque Albada, una empresa que formaba parte del grupo ACS de Florentino Pérez hasta que fue adquirida en septiembre por la corporación china CNTY, quiere marcharse antes, en el 2019.

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