Ejecutará la obra de manera subsidiaria tras imponer multas por valor de 60.000 euros por el retraso en el derribo
20 nov 2020 . Actualizado a las 21:42 h.El esqueleto de la residencia de mayores proyectada junto al parque forestal de Monticaño está lleno de pintadas y a la espera de que se ejecute una orden de derribo declarada en el 2004 y que sigue pendiente pese a que la Fundación San Rosendo, la entidad que la promovió, la había anunciado para el 2014. Finalmente, será la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) la que la realice.
Este ente confirmó que ya se dictó el acuerdo de ejecución subsidiaria, «o que significa que en breve comezarán os traballos de elaboración do proxecto de demolición e a contratación dunha empresa para executar as obras». En este sentido, se remarca que la APLU «cumpriu estritamente a tramitación do expediente, impoñendo as multas que correspondían e acordando a execución subsidiaria do derribo no momento previsto legalmente».
La residencia fue proyectada en suelo rústico y el expediente de reposición de legalidad urbanística fue resuelto en octubre del 2014, una resolución que también fue confirmada por una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de marzo del 2011. La APLU puntualiza que se impusieron a los promotores siete multas coercitivas por un importe total de 60.000 euros por no ejecutar la sentencia.
Aunque en junio del 2016 ya se había acordado la ejecución subsidiaria, se había suspendido porque se interpuso un recurso de reposición que fue desestimado en octubre del año pasado. Tras ese proceso, a la APLU no le consta la interposición de recurso contencioso-administrativo por lo que asume el derribo de manera subsidiaria, aseguran desde la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. La residencia se levantó sobre el solar de una antigua instalación militar abandonada y la Fundación San Rosendo había anunciado que tendría capacidad para 150 personas y se invertirían unos 2.704.554 euros en su construcción.
Concesionaria
Desde la Fundación San Rosendo se indicó ayer que desconocían que la APLU vaya a asumir la ejecución subsidiaria del derribo e incidieron en la línea de defensa que han mantenido desde que se anunció la paralización de los trabajos, que es que la entidad es la concesionaria de una obra pública que contó con las autorizaciones pertinentes para su ejecución. La obra había sido proyectada en el 2002, se paralizó un año después y en el 2004 la Xunta la había declarado como «ilegalizable». Con anterioridad, el BNG había denunciado públicamente que se edificara en un terreno calificado como rústico de protección forestal.