Parte de la obra de la cárcel no se hará porque el estado de la prisión es peor de lo previsto

Eduardo Eiroa Millares
E. Eiroa A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

CESAR QUIAN

«Chegouse até onde se puido», aseguró el alcalde

23 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El mal estado de conservación de la antigua prisión provincial está detrás de los retrasos en la finalización de una obra que debía estar ya rematada y para la que no hay fecha fijada para su apertura. «Non podo dicir unha data, en breve», dijo el alcalde, Xulio Ferreiro.

El consistorio adjudicó en octubre del año pasado la primera fase de la rehabilitación por 185.000 euros, unos trabajos que iban a durar 56 días, abriendo la prisión a finales de diciembre o principios de enero.

Sin embargo, lo proyectado por el Ayuntamiento no coincidía con la situación real en la que se encontraba el edificio. «É certo que entre as análises preliminares e o momento de executar as obras, o que se viu é que o estado do edificio, lamentablemente e polas décadas de abandono, era peor do analizado», dijo Ferreiro.

El alcalde apuntó que en el proyecto inicial «houbo que cambiar certa programación da obra e non se puido chegar tan lonxe como se quería, chegouse ata onde se puido», dijo.

Según el regidor, una parte importante de lo presupuestado ya se ha ejecutado, quedando pendiente en torno a 30.000 euros.

La firma finalmente renegoció con el Ayuntamiento algunos aspectos del plan municipal para adaptarlos a lo que se podía hacer con lo presupuestado. El estado de la cárcel, además, suponía un riesgo para la seguridad de los operarios en determinadas actuaciones, lo que generó retrasos en los trabajos.

La firma se planteó renunciar, pero finalmente, tras debatir la situación con el consistorio, se varió el proyecto y seguirá adelante con el contrato hasta la finalización de lo que se pueda hacer allí en las condiciones actuales.

El futuro de la antigua prisión está pendiente de decisiones judiciales. Hay un proceso promovido por el Ayuntamiento para anular el convenio del 2005 según el cual el consistorio debería abonar un millón de euros a Interior para recuperar el edificio. Las dos últimas corporaciones se niegan a pagar. Además, el PP también llevó al Contencioso la adjudicación de la concesión del uso de la prisión a la entidad Proxecto Cárcere.