La empresa adjudicataria de la obra presenta su renuncia a ejecutarla porque el estado de la cubierta es peor que el descrito por el Ayuntamiento y las actuaciones necesarias, más cuantiosas que las previstas
21 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La empresa adjudicataria de la obra de reforma parcial de la antigua prisión provincial presentó esta semana su renuncia al proyecto, después de comprobar que los trabajos que salieron a concurso eran imposibles de realizar tal y como los había diseñado el Ayuntamiento. Anjoca constató cuando accedió al edificio que la cubierta se encontraba en muy mal estado y que las actuaciones, contratadas por 184.659 euros, no se podían llevar a cabo, siendo necesaria una inversión mayor. Por ese motivo presentó su renuncia al contrato.
El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, presentó el pasado 7 de octubre el proyecto con la obra recién adjudicada. Se iba a arreglar la cubierta y a preparar algunas salas para poder acoger exposiciones y actos públicos. El plazo de ejecución, dijo entonces el edil, era de 56 días, por lo que la antigua prisión provincial abriría al público a finales del pasado diciembre o principios de enero.
Cesión temporal
Sin embargo, en el antiguo edificio no se apreció en ningún momento que las obras avanzaran. Cuando la empresa trató de ponerse manos a la obra constató que no resultaba posible acometer el proyecto sin hacer intervenciones mayores para ejecutar la reforma de la cubierta, por lo que el viernes presentaron la renuncia.
El gobierno local anunció a finales del 2016 un acuerdo con el SIEP, organismo dependiente de Interior que gestiona las instituciones penitenciarias del ministerio, para la cesión gratuita temporal del edificio al Ayuntamiento. Antes de la firma del acuerdo se encargó a una firma un informe sobre el estado del inmueble. Desde la Marea se aseguraba que la cárcel estaba en mejor estado de lo que aparentaba y que las inversiones para poder abrirla parcialmente al público no iban a ser cuantiosas. Consistorio e Interior firmaron un acuerdo por el cual cada parte aportaba 150.000 euros para obras esenciales de conservación y mantenimiento.
El acuerdo de cesión temporal era por dos años, aunque se podría prorrogar de mutuo acuerdo. Ya ha transcurrido el primero sin que se hayan realizado trabajos significativos y al parecer será necesario esperar a la convocatoria de un nuevo concurso, que podría demorar otros seis meses el proceso, pues además de elaborar el proyecto, el Ayuntamiento debe enviarlo a Patrimonio para obtener su visto bueno.
Polémica adjudicación
La cárcel lleva desde su cierre como prisión sin definir su futuro. Un acuerdo entre el gobierno socialista e Interior firmado en el 2005 obligaba al consistorio a pagar un millón de euros para recuperar el uso municipal del edificio. Los gobiernos locales posteriores se negaron a realizar ese pago y el anterior llevó el acuerdo a los tribunales, donde todavía sigue su curso. La actual cesión temporal se mantendrá mientras no se resuelva.
La última polémica en torno a la antigua prisión tiene que ver con su gestión, que también está judicializada. La Marea se la entregó tras un concurso a la asociación Proxecto Cárcere y el PP llevó el caso al Contencioso -ya fue admitido a trámite- por considerar que el contrato con la entidad se había adjudicado a dedo desde el gobierno local. Los pliegos, indicaban desde el PP, tenían partes similares a las que figuraban en los planes de la entidad y habría personas vinculadas a ella en el tribunal que valoró el proceso.