Veintiocho familias que compraron en A Moura recibirán 1,7 millones de euros
01 ene 2018 . Actualizado a las 23:32 h.«Es como un regalo de Navidad», resumía ayer una de las afectadas. Y es que a 28 familias que habían adelantado dinero para la compra de pisos en la promoción Residencial Finisterre, ubicada en las inmediaciones de A Moura, se lo acaban de devolver. Las cantidades que habían entregado hace más de once años eran, según el tamaño de los pisos, de 23.000, 39.000 o 50.000 euros. Lo que ahora recuperan estas familias son las aportaciones que habían hecho, que suman 1.274.000 euros, así como los intereses correspondientes al tiempo transcurrido que suponen 511.000 euros. «Una persona que en su día aportara 50.000 euros ahora recupera esa cantidad más otros 20.000 de intereses», explicó Jaime Suárez, de Majaviland Abogados, el despacho, con sede en Madrid, que se hizo cargo de esta reclamación.
Además, está en marcha el proceso iniciado por otras diez familias «y pensamos que habrá todavía un tercer grupo», apunta.
El edificio donde habían comprado estas familias tiene 134 pisos y se terminó en el año 2009 cuando quebró la constructora que los hizo, Teconsa, que dejó en la calle en Galicia a 577 trabajadores. Esto hizo que un banco se quedara con 78 pisos y la promotora Proinsa con 56. Las viviendas ya estaban terminadas y los dueños solo esperaban recibir las llaves, pero con la dilatación de los procesos judiciales acabaron siendo okupadas. Ocurrió en el mes de marzo del año 2012, cuando primero entraron en las mismas un grupo de jóvenes que aseguraron que se marcharían cuando los dueños recibieran las llaves. Entonces unas 50 familias que estaban a la espera de que el banco les entregaran las viviendas pidieron en el juzgado el desalojo.
El problema se fue agravando y medio centenar de pisos acabó siendo okupado en las siguientes semanas. Además se produjeron enfrentamientos entre los primeros okupas y un clan de Penamoa que también entró en las viviendas vacías. El gobierno municipal y Delegación del Gobierno buscaron una solución que acabó en el mes de mayo con el abandono de las viviendas de todas las personas que se habían instalado en ellas ilegalmente. La salida se produjo de forma voluntaria, después de que la jueza les advirtiera que si no se iban en 24 horas serían desalojados. Los ocupantes dejaron detrás cuantiosos daños, con pisos totalmente destrozados.
«Llevamos rescatados en España más de 300 millones con una ley del año 1968»
Para conseguir la devolución del dinero a las familias que habían dado un adelanto para su piso en el edificio de A Moura, los abogados han acudido a una ley que cumplirá medio siglo el próximo año: «Llevamos recuperados en España más de 300 millones con una ley del año 1968», explicaba ayer Jaime Suárez. Argumentaba que en el caso de estas familias «están invirtiendo los ahorros de su vida y si los pierden es que les hunden». Por ello, «la idea es que nadie puede perder sus ahorros». Aludía el letrado a que esto es algo que fue recogido en su día por «una ley que estaba olvidada».
Dicho olvido se debe, explica Suárez, a que se trata de una normativa hecha durante el régimen franquista y «con la llegada de la democracia y después con el bum de la construcción en los años noventa y el 2000 ninguna promotora contrataba un seguro o un aval», que es lo que establece dicha ley. «Si un banco permite la apertura de una cuenta a un promotor que no tiene ese seguro o ese aval, si hay problemas quien responde es el banco», detalla. Es lo que ha ocurrido en este caso, ya que quien ha devuelto el dinero a las familias ha sido la antigua Caja España ahora denominada Banco de Caja España. Inversiones Salamanca y Soria. La entidad bancaria es la propietaria de 78 pisos de A Moura, mientras que otros 56 son de Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa).
«Nosotros somos un despacho pequeño», concluye Jaime Suárez, con cuatro socios y diez letrados, que han llevado en Vigo algún caso semejante al de A Moura.