Una urbanización de la Zapateira cumple diez años habitada sin estar legalizada

El Ayuntamiento se afana estos días en finalizar las obras de urbanización que permitirán a los cooperativistas del Ofimático recibir la licencia de primera ocupación y entrar a vivir en los edificios que han levantado allí.

Pero en otros puntos de la ciudad, la inacción de la Administración en materia urbanística sigue dando problemas a los vecinos.

Es el caso de la urbanización O Carón, en la Zapateira, que lleva diez años sin estar legalizada, pero en la que residen 46 familias que desde hace años pagan el mantenimiento de los espacios públicos que rodean sus casas.

El presidente de los propietarios, Manuel Ricoy, señala que ninguno de los gobiernos anteriores llegó a solucionar los problemas administrativos, y el actual ejecutivo local tampoco lo ha hecho, y se ha negado a recibirles durante el último año y medio.

Estos días han enviado una serie de escritos de reclamación al Ayuntamiento. En ellos se explica que el proyecto de compensación fue aprobado en febrero del 2002. Antes, en diciembre del 2000, se había aprobado el de urbanización. La empresa impulsora era Promociones O Carón, a la que el Ayuntamiento concedió licencias para construir en septiembre del 2005 y del 2007.

Esos permisos se dieron antes de que estuviese finalizada la obra de urbanización, por lo que la Administración local tendría que haber exigido a la promotora una garantía económica para abordar esos trabajos en caso de que la firma no los terminase.

A los propietarios no les consta que se hiciese así. La única garantía existente son 52.630 euros, equivalentes al 6 % del coste de implantación de los servicios y de las obras de urbanización.

Lo que podía salir mal, salió mal. La empresa entró en suspensión de pagos. Los trabajos de urbanización nunca se terminaron.

Las consecuencias

Ante esas deficiencias, el Ayuntamiento se ha negado a recibir las obras. Como consecuencia, las 46 viviendas se quedaron en un limbo legal. Sus propietarios tienen luz y agua, pagan las tasas correspondientes y el IBI; pero la zona sigue legalmente «en obras», no se han dado las licencias de primera ocupación y la Administración local no hace las tareas de mantenimiento.

Son los propios residentes, explica Ricoy, quienes pagan el cuidado de los jardines y del alumbrado público. Ellos mismos han señalizado los juegos del parque infantil, que se han convertido en un peligro con tornillos al aire y piezas de madera podridas por los efectos de la intemperie.

Claro que hay desperfectos que superan su capacidad. Las calles presentan enormes socavones, y en algunos lugares las aceras se están deshaciendo y el alcantarillado amenaza con colapsar.

Camino del Contencioso

Ricoy señala que en estos años han planteado diversas soluciones al Ayuntamiento, y recuerda que los vecinos se han ofrecido a sufragar de su bolsillo el coste de enmendar las deficiencias. Según señala, hay un informe municipal que estima el coste de abordar los trabajos en menos de 200.000 euros. A esa cantidad se deberían descontar los 52.360 euros que depositó en su día la empresa como garantía, y el resto lo aportarían los residentes.

Pero a pesar de esa «voluntad de acuerdo», como señala el escrito que han presentado, el Ayuntamiento no ha movido ficha para desatascar la situación. Por lo tanto, los residentes se plantean llevar el asunto a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Entienden que el Ayuntamiento se ha desentendido de sus obligaciones como Administración, que se ha producido la recepción tácita de las obras de urbanización, y que debería iniciar de forma subsidiaria la parte de los trabajos que continúa pendiente, ya que debería haber sido la propia Administración la que exigiese a los promotores una garantía económica para asegurar su total ejecución.

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