La abogada de la familia del primer ahogado en La Marina demanda a la Administración
19 sep 2017 . Actualizado a las 08:00 h.La propia Administración reconoció su culpa con sus actos posteriores. Lo dice la abogada Belén Canosa, que defiende los intereses de la familia de Manuel Rodríguez Gómez, el joven de 27 años que en marzo murió ahogado al precipitarse al mar en la dársena. La letrada sostiene que son las propias autoridades las que reconocen que en la zona existía una «flagrante falta de seguridad» cuando después de los trágicos accidentes se reúnen y deciden instalar un banco corrido para evitar nuevas caídas. «Actuaron después, cuando en apenas dos meses murieron dos personas y una furgoneta terminó en el mar», añade. Por tanto, la familia del fallecido tiene base suficiente, según la abogada, para acudir a la vía contenciosa-administrativa y exigir a la Administración, ya sea local como portuaria, que asuma su responsabilidad.
La vía contenciosa -se acude a ella cuando un particular se siente afectado o sus intereses fueron dañados por la Administración- llega ahora después de que hace unos días el juzgado de Instrucción haya sobreseído provisionalmente las causas abiertas por ambas muertes. En esa actuación procesal solo se investigó si existió o no delito. Es decir, si hubo terceras personas implicadas para procesarlas por la vía penal. Y tras las pesquisas policiales, se vio que no. De hecho, la Fiscalía ni actuó.
La letrada Belén Canosa recuerda, no obstante, que el sobreseimiento provisional «equivale a un archivo temporal de la causa; es decir, aunque esta se cierre, como es el caso, es susceptible de volver a ser abierta si aparecieran nuevos indicios relevantes que la pudieran desbloquear».
¿Si aquella noche del pasado 3 de marzo estuviese instalado el banco corrido que más tarde puso el Ayuntamiento, el hijo de sus clientes estaría con vida? La pregunta a la letrada es directa y esta es su respuesta: «Permítame responderle con una pregunta: ¿Por qué motivo tras las dos muertes prácticamente consecutivas, y no antes de estas, se implementaron costosas medidas de protección colectiva?» En aquellas fechas, recuerda la letrada, no solo se produjeron las fatales caídas de Manuel Rodríguez y Mateo González. También se precipitó al mar una furgoneta sin conductor a la que le fallaron los frenos. Afortunadamente, añade, «nadie había en su interior ni había marineros en el pantalán».
Canosa Ferrio no se queda ahí. Pese a que la competencia en la zona de la Marina corresponde al Ayuntamiento, recuerda que en los puertos suceden accidentes que son evitables con mayores medidas de seguridad. «No basta con carteles», dice. Esas desgracias que ocurren «deberían obligar a Puertos del Estado a reflexionar y tomar más medidas de seguridad, más allá de una señal de prohibido el paso. La Administración pública debe velar por que los lugares públicos de tránsito de la ciudadanía sean lugares seguros». Considera además que en la dársena, un lugar rodeado de locales de ocio, «hay más motivo para implementar mayor seguridad».
Ahora, la argumentación jurídica de la familia del mesiense Manuel Rodríguez deberá enfrentarse a la postura de la Administración en los tribunales, que desde un principio mantuvo que se trató de desgraciados accidentes, nada achacables a su responsabilidad. Entonces dijeron que había elementos suficientes que advertían a los transeúntes.
Tras las muertes, el Ayuntamiento instaló un banco corrido y se mejoró la iluminación
La duda ahora está en discernir a quién compete la seguridad en La Marina y contra cuál de estas dos Administraciones irá la familia del primer fallecido, si a la Autoridad Portuaria o al Ayuntamiento.
A los pocos días de producirse las caídas, el alcalde, Xulio Ferreiro, aclaraba que el Concello no podía intervenir en la zona de la Marina para evitar accidentes. El regidor recordó que el gobierno local llevaba «un año esperando» a que la Autoridad Portuaria le transfiriese esos terrenos para aplicar las reformas en la urbanización, que incluían la colocación de bancos y pretiles al borde del muelle para evitar posibles caídas al mar mediante una «barrera muy blanda». El concejal Alberto Lema recordaba también que el terreno no era de propiedad municipal, sino portuaria. Señaló entonces que el gobierno local estaba a la espera de la recepción de los terrenos de La Marina tras su remodelación. «Non é, polo tanto, responsabilidade municipal; nin as infraestruturas que se instalen, nin a seguridade do contorno».
Puerto
En cambio, el Puerto siempre tuvo claro que el único competente para proteger la zona era el Ayuntamiento. Como prueba de ello, mostró un convenio firmado entre ambas instituciones en el 2014 que estableció que en toda la zona del Parrote y la Marina «el Ayuntamiento se hará cargo de limpieza, alumbrado, conservación y reposición de infraestructuras y mobiliario urbano, vigilancia, policía y regulación del tráfico».