La Xunta culpa al Ayuntamiento de frenar la construcción de pisos sociales

Nueve meses ha tardado el Ayuntamiento en resolver la solicitud de licencia para la construcción de 40 viviendas sociales en el Ofimático para finalmente negársela. Por tres razones. Una, por no haber pagado los tributos municipales, que ascienden a 46.317 euros. Dos, porque entienden que la edificabilidad de uso residencial se excede en 772 metros cuadrados. Y tres, porque los terrenos en los que se pretende construir el edificio están clasificados como suelo urbanizable y no disponen de los servicios urbanísticos requeridos.

El malestar de la Consellería de Vivenda no es tanto por los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento, que algunos reconocen y otros creen que son interpretables, sino por las formas y el tiempo que tardaron en contestar. Esto es lo que dicen unos y otros sobre los tres motivos por los que se denegó la licencia:

Tributos municipales

Ayuntamiento. Urbanismo recuerda que la Lei do Solo exige que la solicitud de licencia contenga, entre otros documentos esenciales, el justificante de pago de los tributos municipales. Así, según el Ayuntamiento, la Xunta no presentó el documento de autoliquidación ni realizó el depósito previo del importe de la tasa, que en este caso asciende a 46.317 euros.

  

Consellería de Vivenda. Reconocen que no han pagado la tasa exigida, pero entienden que entre las Administraciones estos asuntos se resuelven con una simple llamada o comunicación una vez presentada la solicitud de licencia. «Esperar 9 meses para notificarlo no se entiende, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que se pretende es construir viviendas sociales, por lo que deberían tener más sensibilidad y agilidad en estos trámites. Muchas familias con pocos recursos necesitan un lugar digno en el que vivir, por lo que la Administración local está obligada moralmente a resolver con urgencia este tipo de licencias. Su función tendría que ser la de colaborar y no poner trabas», sostienen fuentes autonómicas.

  

Edificabilidad

Ayuntamiento. La manzana Z-11, donde la Xunta quiere construir el bloque de 40 viviendas, tiene estipulado un aprovechamiento lucrativo de uso terciario de 960 metros cuadrados y un aprovechamiento lucrativo de uso residencial de 4.800 metros. El Ayuntamiento, una vez visto el proyecto, niega esas superficies que aparecen en el proyecto autonómico. Entiende que los 40 trasteros proyectados en la planta baja tienen la consideración de anexos inseparables de las viviendas. «Por tanto, serán parte del cómputo del aprovechamiento lucrativo de uso residencial». Asimismo, las zonas comunes, tanto las de planta baja como las de las plantas altas, al ser de acceso exclusivo de las viviendas, «también formarán parte del cómputo del aprovechamiento lucrativo de uso residencial». Todo ello provoca que haya un exceso de 772 metros cuadrados de edificabilidad de uso residencial.

  

Vivenda. Las normas a las que se refiere el departamento municipal de Urbanismo, según la consellería, «son interpretables». Y aunque así fuera, «¿por qué no nos advirtieron antes para modificar el proyecto? De haberlo hecho, la construcción podría estar ya en marcha».

Obras de urbanización

Ayuntamiento. Los terrenos en los que se pretende edificar, sostiene Urbanismo, están clasificados como suelo urbanizable y no disponen de los servicios urbanísticos requeridos para tener la condición de solar, por lo que «no podrán ser edificados a no ser que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación en los términos exigidos por la ley». Recuerda además el Ayuntamiento que la consellería firmó el protocolo de colaboración para la ejecución del sector de suelo urbanizable en el que se expresa la necesidad de modificación del proyecto de reparcelación y del proyecto de urbanización para adaptar ambos documentos a la modificación del plan parcial aprobada en pleno en diciembre del 2014.

  

Vivenda. La Xunta contesta a este respecto que las obras de urbanización a las que se refiere corresponden al Ayuntamiento y no a ella. Y que si no las ha acometido es responsabilidad municipal, nunca de la Administración autonómica.

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