El Ayuntamiento tumba el proyecto de la Xunta de viviendas sociales en el Ofimático

Urbanismo obliga a la consellería a cambiar el plan 9 meses después de haber pedido la licencia


a coruña / la voz

La Consellería de Vivenda llevaba mucho tiempo lamentándose del retraso del Ayuntamiento en concederle la licencia para levantar en el Ofimático un edificio con 40 pisos sociales. La habían solicitado el 20 de diciembre y el gobierno local permaneció en silencio, ajeno a las quejas de la Xunta, hasta esta semana. Para decir que el proyecto no cumple con la legalidad urbanística y que deben modificarlo. ¿La razón? Que los trasteros proyectados en la planta baja han de ser tenidos en cuenta como superficie edificable, lo que supone que el porcentaje de edificabilidad supera lo permitido. En palabras de Urbanismo, «los 40 trasteros proyectados en la planta baja distribuidos de 10 en 10 en cada uno de los cuatro portales tienen la consideración de anexos inseparables de las viviendas. Por tanto, serán parte del cómputo del aprovechamiento lucrativo de uso residencial. Así las cosas, en el proyecto de construcción no se contabiliza como cómputo del aprovechamiento lucrativo de uso residencial ni las zonas comunes ni los trasteros. Esto provoca un exceso de 772 metros cuadrados de edificabilidad del uso residencial».

Otro de los motivos por los que se niega la licencia es que «los terrenos en los que se pretende edificar están clasificados como suelo urbanizable y no disponen de los servicios urbanísticos requeridos para tener la condición de solar, por lo que no podrán ser edificados a no ser que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación en los términos exigidos en la Lei do Solo».

Esto significa, aparte de retrasar el comienzo de la construcción y rehacer el proyecto, que el edificio tendrá menos viviendas sociales que las pretendidas. Fuentes de la consellería estiman que de los 40 pisos proyectados en un principio, solo se podrán ofertar 35.

La intención inicial del IGVS era la de levantar un bloque de cinco alturas dotado de garajes, trasteros y las citadas 40 viviendas, que tendrían una superficie de entre 65 y 107 metros cuadrados, aunque la mitad se situarán en 91 metros y dispondrán de tres dormitorios. Además, dos pisos estarían adaptados para personas con movilidad reducida. El edificio se levantará en una parcela de 1.280 metros cuadrados.

Tras ver como ahora se tumbó ese proyecto, la Xunta, que recurrirá la decisión municipal, se muestra contrariada, pues «el departamento de Urbanismo coruñés no aplica el mismo rasero para los bajos comerciales planeados que para los trasteros».

Dinero consignado

El malestar es notorio. Entre otras cosas, porque Vivenda ya tenía 5,5 millones de euros consignados para levantar los pisos de promoción pública en el parque Ofimático. Viviendas sociales a precios tasados para facilitar el acceso a una residencia a personas que no pueden adquirirlas a precio de mercado.

Infraestructuras, por tanto, tenía el dinero y el proyecto listo para poder empezar las obras. Solo faltaba la licencia.

El inmueble será, cuando todo se resuelva, el primero que levante allí el Gobierno autonómico, aunque la intención es construir más en el mismo lugar. La consellería es la principal propietaria de suelo en ese ámbito y contribuye también a su urbanización. El último pago, de 700.000 euros al Ayuntamiento para las obras de calles y servicios, lo realizó en febrero.

Cooperativistas

No solo la Xunta está a la espera de permisos. También los cooperativistas que ya tienen rematados sus inmuebles aguardan por sus respectivas licencias de primera ocupación. El año pasado se les comunicó que la estimación era que pudieran contar con ellas en abril.

El problema con los permisos de primera ocupación deriva de la paralización judicial de las obras de urbanización. Un juzgado estimó que el contrato estaba mal adjudicado y lo anuló. El actual gobierno local anunció soluciones urgentes para poder sacar a licitación una parte de los trabajos pendientes en la zona de los cooperativistas para poder permitirles entrar a vivir. Pero entre las negociaciones previas y los plazos de los concursos públicos, esas obras, valoradas en cerca de 4,5 millones, no fueron adjudicadas hasta finales de mayo. Así, los propietarios no pueden entrar a vivir porque les faltan las conexiones -luz y agua-. La falta de esas obras pendientes, con todo, no supone ningún reparo para poder comenzar a edificar nuevas viviendas, por lo que no supondría un freno para la Xunta.

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