La Marea licita por 2,4 millones las bibliotecas que iba a municipalizar

El gobierno local prometió que en noviembre del 2016 el servicio sería totalmente público, ahora una firma privada las gestionará al menos hasta finales del mandato


a Coruña / la voz

El 10 de junio del 2016, el gobierno local anunció que ponía en marcha la «remunicipalización» de la red de bibliotecas de la ciudad. El proceso debía culminar en noviembre, cuando terminaba el contrato vigente con la firma Eulen. Según anunció el alcalde, Xulio Ferreiro, el nuevo servicio mantendría a todos los trabajadores, y el Ayuntamiento ahorraría 532.000 euros al año gracias al cambio de modelo de gestión.

Ni una sola de esas previsiones se ha cumplido. Tanto es así que ayer el concejal de Culturas, José Manuel Sande, anunció el comienzo del «proceso de reordenación do modelo de xestión» de las bibliotecas, con una apuesta por la «unificación do servizo a través da remunicipalización».

Mientras tanto, desde noviembre del 2016 -cuando debía culminar el anterior proceso- hasta ahora, la gestión de las bibliotecas ha seguido en manos de Eulen, que ha tenido que seguir trabajando sin contrato, cobrando cerca de 200.000 euros mensuales mediante facturas que deben ser legalizadas por el pleno.

Al menos esa situación irregular tiene los días contados. Sande anunció también que el servicio se sacará a licitación por 2,4 millones de euros durante un año, prorrogable durante otro más. El edil señaló que, de no producirse retrasos, la contratación quedará adjudicada en enero del 2018. De esa forma, la gestión privada se mantendrá, al menos, hasta enero del 2019, cuando apenas quedarán cuatro meses de mandato. En caso de que se prorrogue el contrato, será el próximo gobierno el que decida si continúa con el «proceso de reordenación do modelo de xestión», o si saca de nuevo el servicio a concurso.

La posibilidad de Emvsa

Al mismo tiempo que se tramita y aplica ese «contrato-ponte», como lo describió el concejal, se pondrá en marcha el citado «proceso de reordenación do modelo de xestión». Su objetivo es que sea la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa) la que se haga cargo de las bibliotecas. Para ello sería preciso cambiar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento (RPT), de forma que se pueda incorporar a todos los trabajadores del servicio, y que Emvsa haga los estudios previos y las consultas a otras Administraciones para comprobar si es legal que incorpore ese servicio.

Así las cosas, la «remunicipalización» que se había anunciado para noviembre del 2016 queda sin una fecha de aplicación definida, y pendiente de análisis previos que determinen si se adecúa al marco legislativo vigente.

Los 63 trabajadores

Cabe señalar que, durante estos meses, los técnicos ya hicieron informes sobre la posibilidad de integrar las bibliotecas -y a sus trabajadores- en la estructura municipal; y sus dictámenes fueron contrarios. El gran escollo es el futuro de los 63 empleados de Eulen, que pasarían a formar parte de la plantilla municipal.

El nuevo proceso prevé que Emvsa ponga en marcha un procedimiento para garantizar que esa incorporación al servicio público se haga siguiendo los principios de «igualdade, mérito e capacidade». El concejal de Culturas explicó que se resolvería mediante concurrencia competitiva, un sistema que tiene en cuenta «a experiencia e todo o traballo previo», por lo que los actuales empleados de Eulen partirían con esos puntos para acceder a la plantilla de funcionarios. Suponiendo que esta vez el intento de «remunicipalización» llegue a alguna parte.

Los técnicos dudan de la legalidad de la medida y del ahorro real para las arcas municipales

La «remunicipalización» de servicios del Ayuntamiento fue uno de los compromisos de la Marea Atlántica en las elecciones del 2015, pero por el momento nunca se ha aplicado. El gobierno local renunció a aplicar esa medida con la ORA, aduciendo que el anterior ejecutivo había dejado los trámites muy avanzados y se exponía a problemas judiciales.

Tampoco culminó el intento de municipalizar el servicio de socorrismo, porque Intervención del Ayuntamiento emitió un informe contrario a esa medida, ya que supondría un incremento del gasto para las arcas públicas.

Pero el caso más sonado ha sido el de las bibliotecas, debido a que era el servicio de mayor tamaño -casi 100 trabajadores, 63 de ellos de una empresa privada- y el que el gobierno local publicitó con más insistencia.

Pero los informes técnicos fueron contradiciendo sus anuncios. El supuesto ahorro de 532.000 euros anuales fue corregido por la comisión encargada de dirigir el proceso, que calculó un ahorro máximo de 468.671 euros. Sin embargo, la comisión también abrió la posibilidad de que se redujese a 61.292 euros si se convoca una oferta pública de empleo, o incluso de que se encareciese en 41.692 euros, suponiendo que los nuevos trabajadores exigiesen equiparar su sueldo por completo al de los funcionarios.

Por otra parte, el secretario municipal emitió un informe en el que negaba la posibilidad de «remunicipalizar» porque el servicio ya es municipal, y advertía del grave problema de la incorporación de los trabajadores.

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