Cien extranjeros fueron expulsados del país por cometer delitos en la provincia

Los últimos deportados son un argelino y un senegalés que atracaron sendos bares


a coruña / la voz

Al extranjero que comete un delito castigado con una pena de entre uno y siete años de prisión se le brindan dos posibilidades: cumplir la pena en la cárcel como cualquier otro ratero o abandonar España y no volver a pisarla hasta diez años después. En la mayoría de las ocasiones, ya ni se le pregunta al reo. Es el juez es el que decide ponerlo en un avión de vuelta a casa. Lo dice el Código Penal y no son pocos los delincuentes de otros países que prefieren la expulsión. Se da mucho con los integrantes de las bandas organizadas y especializadas en los robos en viviendas. En cuanto son detenidos, cuentan fuentes policiales, los malandros saben que la cárcel no será su destino y que no serán castigados por sus fechorías porque la ley les permite regresar a sus países y luego probar suerte en cualquier otro Estado. Hay otras 193 naciones en el mundo para elegir.

El año pasado, cerca de un centenar de extranjeros condenados por la Justicia en la provincia coruñesa fueron expulsados por los jueces. Las cifras que se manejan en el 2017 son prácticamente las mismas. Los dos últimos en volver a su tierra a la fuerza o porque así lo solicitaron sus abogados a la Fiscalía, son el argelino Kamel Kharchi y el senegalés Alioune Wade.

El primero de los delincuentes fue condenado por el Juzgado de lo penal número 5 de A Coruña hace dos semanas a cuatro años de cárcel por agredir con una botella y atacar al propietario de un bar de la calle Orillamar con un cuchillo para robarle. El juez, en el fallo, dijo así: «se sustituye la pena de cárcel por la expulsión del territorio español».

El problema es que los hechos los cometió el 8 de noviembre del 2009 y, desde entonces, continuó en la ciudad delinquiendo aquí y allá. Han tenido que pasar más de 7 años para ser juzgado, condenado y ahora verlo partir hacia su país.

Según la sentencia, este hombre se presentó en la medianoche de aquel lejano día en un bar de la calle Antonio Carballo en compañía de otras dos personas. Primero intentó robarle el bolso al descuido a la camarera. Pero no puso. Así que esperó a que la empleada cerrase el establecimiento. Cuando la joven bajaba la verja, el delincuente argelino le puso un cuchillo en el cuello, la agarró por los pelos y la tiró al suelo, momento que aprovechó para arrebatarle el bolso.

El senegalés que también respondió afirmativamente a la opción de abandonar el país por espacio de diez años fue detenido en la madrugada del 2 de julio del 2016 cuando huía de un bar de la calle Orillamar sin haber podido conseguir su propósito de atracar al propietario del negocio. Cuenta la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña que primero le rompió una botella de cristal en la cabeza y luego lo persiguió hasta la puerta con un cuchillo. Afortunadamente, no le dio alcance, la víctima pudo huir y el ratero fue arrestado. Debido a los antecedentes policiales que arrastraba, utilizando incluso varias identidades, el juez de guardia lo envió a prisión y ahí continúa a la espera de que las autoridades lo suban a un avión con destino a Dakar (Senegal). Es lo que quiso él. Ni siquiera en el juicio negó los hechos que le imputaban. Los reconoció y se acogió a su derecho a abandonar España.

Cuando se aprobó esta ley, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, se pensó que sería bueno para combatir la masificación de las prisiones. Se hace, según dijo, «para descargar el sistema penitenciario español de presos extranjeros».

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