«El Estado debe seguir financiando el derecho a una vida autónoma»

Montse CARNEIRO A CORUÑA

A CORUÑA

CESAR QUIAN

La investigadora sitúa la teleasistencia del futuro en la obtención de datos clínicos y los grupos de usuarios

27 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Un consorcio de universidades de nueve países europeos estudió durante tres años el impacto de la economía social o tercer sector (cooperativas, fundaciones, organizaciones no lucrativas) en función de su capacidad para atender problemas sociales. Los investigadores observaron que la crisis propició la innovación y de forma singular en España, donde el análisis coste-eficacia que lastra el sector en países como Reino Unido no es decisivo y las entidades operan con un alto grado de experimentación. Dentro de este proyecto, Marta Rey, directora de la cátedra Inditex de la UDC, lideró la investigación sobre servicios sociales, con trabajos sobre museología para la regeneración de territorios, inserción de personas vulnerables y, especialmente provechoso por su potencial en un país como Galicia con 270.000 hogares unipersonales, un paquete sobre teleasistencia a personas dependientes.

-¿Cuál fue el objeto del estudio?

-Las nuevas maneras de organizar la teleasistencia en España. El líder europeo en implantación es Reino Unido, con 1,5 millones de usuarios. España ronda el millón. Tenemos los datos de Cruz Roja, que atiende a 150.000 usuarios, de los que 10.000 están en Galicia. Cruz Roja fue la entidad pionera en la introducción de la teleasistencia en España y ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del servicio.

-¿En qué fase se encuentra?

-El crecimiento ha sido rápido debido al envejecimiento de la población y el aumento de hogares unipersonales. A los dependientes se han sumado discapacitados, enfermos crónicos, mujeres maltratadas, y esta ampliación de los perfiles hay que agradecerla a las entidades que prestan el servicio. La posición de liderazgo del tercer sector desde finales de los 90 ha tenido un efecto llamada para las empresas privadas, de modo que entidades que necesitan a firmas punteras, por ejemplo para recoger datos biométricos, las encuentran como competencia. Habiendo colaboración, es una dinámica muy positiva.

-¿Qué papel juega cada uno?

-La teleasistencia en España es de alerta, de primera generación: en cuanto hay un problema el usuario pulsa el botón de su dispositivo y Cruz Roja se comunica con él. Pero no solo: hay contactos habituales que permiten recordarle que debe tomar una medicación o preguntarle si ha acudido a una cita. Hay una labor de acompañamiento por parte de los trabajadores y voluntarios, no solo de los usuarios, sino de sus familiares y cuidadores, que valoran muchísimo. Esto es algo que distingue al tercer sector de una empresa privada. No es igual. Que la Administración sea consciente de cuán diferente es el servicio si lo prestan unos u otros, si están implicados o no voluntarios, si la relación es más o menos regular... Tenemos que adquirir conciencia sobre esto. Con el acompañamiento del tercer sector, las firmas tecnológicas y la Administración estamos en óptimas condiciones para desarrollar de forma eficiente las innovaciones. Que no es que se hayan ralentizado con la crisis, al contrario, las propició. Son organizaciones acostumbradas a gestionar la escasez.

-¿Hacia dónde evolucionará la teleasistencia?

-Hacia la intersección entre asistencia social y asistencia médica, que permite recoger por ejemplo datos biométricos y evitar traslados hospitalarios... Y a la creación de comunidades de usuarios, la otra gran revolución. Aprovechar el dispositivo para que una persona que quiera seguir viviendo sola pueda estar conectada con otros ciudadanos en situaciones similares, sentirse arropada y compartir su vida.

-¿Y dónde queda la función de la Administración?

-La Administración cumple un papel fundamental como configuradora del campo de juego. A pesar de que hay menos recursos públicos y de esta idea neoliberal de que los ciudadanos somos corresponsables y no podemos esperar a que el Estado nos resuelva los problemas, el derecho a una vida independiente es algo que la Administración debe proteger y de alguna manera tendrá que seguir financiándolo. Y priorizar las adjudicaciones a entidades del tercer sector o que por lo menos cumplan requisitos de responsabilidad social corporativa. Porque no solo está el grifo de las subvenciones, sino el grifo fundamental de las contrataciones...