Un informe del interventor concluye que el dinero debe ser para el Ayuntamiento
02 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los ingresos derivados de la tarifa por la anulación de multas de la ORA corresponden al Ayuntamiento. Así lo ha dictaminado el interventor municipal en un informe presentado ayer en la Comisión de Facenda.
El alcalde, Xulio Ferreiro, en un escrito dirigido a este periódico a raíz de la información publicada ayer, en la que se decía que los fondos serían para la empresa, subrayó que «o goberno municipal sostivo e sostén que a recadación obtida pola anulación de denuncia debe ser percibida polo Concello», y considera que el citado informe del interventor «xustifica extensamente» las razones por las que debe ser así.
Además, el regidor afirma que «no existe no expediente ningún informe máis que se refira a esta cuestión». En la documentación presentada a la junta de gobierno se incluye un informe de la directora de la asesoría jurídica que, según afirma el alcalde, analiza la «legalidade da nova redacción proposta» para la ordenanza de la ORA, en la que se recoge la anulación de multas, «e non contén ningunha afirmación ou pronunciamento sobre o destino dos novos ingresos». El texto de la asesoría jurídica concluye que el texto que irá a pleno el lunes cumple con las exigencias formales, por lo que es informado de forma favorable.
En la comisión se dio el sí, con la abstención de todos los grupos y el respaldo del gobierno, al cambio en la ordenanza para implantar la anulación de sanciones, que irá a pleno del lunes.
El informe del interventor fue redactado el lunes día 30, por lo que no estaba incluido en la documentación del expediente que se llevó a la junta de gobierno del viernes. El informe, tal y como señala en el mismo el alto funcionario, no es vinculante.
El gobierno local subrayó que aplicará ese criterio y que siempre lo han defendido, según insistió el edil de Mobilidade, Daniel Díaz Grandío. Fuentes del ejecutivo también subrayaron que el interventor establece «con claridade e sen marxe de dúbida» que los ingresos «serán para o Concello» y no para la concesionaria, con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato.
Todo indica que la propuesta del gobierno también superará el pleno del lunes. Uno de los peros que pusieron PP y PSOE para aprobar la anulación de multas en el pleno anterior fueron las dudas sobre el destino final de esos ingresos, ya que hasta ahora el gobierno local no había solicitado un informe a intervención, a pesar de que ambos grupos lo han planteado en varias ocasiones. Sin ese escollo, podrían replantearse su voto, aunque el PP insistió en que toda la tramitación ha sido «chapucera».
La empresa afirma que los fondos le corresponden y se teme que presente un recurso judicial
La concesionaria de la ORA, Setex Aparki, siempre ha sostenido que los ingresos de la anulación de multas le corresponden, ya que los pliegos que rigen el servicio indican que se considerarán ingresos la recaudación de los parquímetros, donde se pagará el extra para evitar la sanción. Desde el punto de vista de la firma, el pago por anulación es una tarifa más, por lo que encajaría dentro de los ingresos reglados.
El informe de la asesoría jurídica, citado en la información publicada ayer, hace referencia al recargo como una «tarifa especial», y avala los informes del concejal y de los responsables del área en los que se considera como infracción aparcar sin tique o exceder el tiempo máximo, pero como tarifa el pago del recargo.
Durante la comisión del 3 de enero, el PP y el PSOE plantearon que se considerase el pago de la anulación como una sanción, de forma que estuviese garantizado su ingreso en las arcas municipales, ya que solo el Ayuntamiento puede cobrar las multas recogidas en las ordenanzas municipales. La popular Begoña Freire señaló además que por esa vía se podría evitar «un posible pleito». Ambos grupos y el BNG, durante esa sesión y en el pleno, exigieron al gobierno local que garantizase esos ingresos.
En todo caso, la empresa podría acudir a los tribunales para reclamar esos fondos. De hecho, en la comisión del 3 de enero, la responsable del servicio de Movilidad, además de insistir en que el recargo no podría considerarse sanción, vaticinó que la compañía «probablemente recurrirá» para ingresar los recargos por anular las multas.