El PP exige responsabilidades a Ferreiro por la «decisión injusta» de anular el contrato de jardines

El gobierno local dice que actuó así para garantizar el mejor servicio y afirma que estará vigilante


a Coruña / La Voz

La portavoz del PP, Rosa Gallego, exigió ayer «responsabilidades y explicaciones» al alcalde, Xulio Ferreiro, por la decisión del gobierno de anular la contratación del mantenimiento de jardines, una determinación que ha sido rectificada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el máximo órgano de la Administración en materia de contratación pública.

La portavoz recordó que advirtió al gobierno en varias ocasiones de que estaba cometiendo una «decisión injusta» cuando paralizó y anuló el contrato, basándose en supuestos «vicios de forma» en los pliegos que el citado tribunal no ha encontrado.

Un informe de 10.000 euros

Ayer también reprochó a Ferreiro que la decisión de anular el contrato se tomó tras solicitar un informe «a dedo» -mediante una contratación menor- a una entidad externa, un documento que costó al Ayuntamiento 10.000 euros. Además, Gallego recordó que durante el año y medio que el servicio se ha prestado sin contrato, el Ayuntamiento ha pagado siete millones de euros «con facturas irregulares con reparos de legalidad suspensivos de la intervención municipal».

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, María García, insistió en que el gobierno actuó para prevenir posibles problemas económicos en el contrato y con el fin de garantizar el mejor servicio. Además, señaló que estarán vigilantes para garantizar que se cumplen los pliegos del contrato que anularon, que ahora será adjudicado cuanto antes.

La empresa que recurrió al tribunal, Althenia, cobrará 5,2 millones al año por cuidar la mayor parte de las zonas verdes de la ciudad. En su día anunció la posibilidad de tomar acciones legales por la paralización del contrato, por entender que el Ayuntamiento la estaba perjudicando.

Medio Ambiente se da más de un año para volver a adjudicar el servicio de recogida de basuras

El Ayuntamiento pagará más de diez millones de euros en facturas irregulares para mantener el funcionamiento el servicio de recogida de basuras, cuyo contrato finalizó el pasado día 16. La concejala de Medio Ambiente, María García, insistió ayer en que es un «contrato moi importante, no que hai que facer as cousas moi ben», y señaló que los procesos de contratación de los servicios de tanto volumen duran, como mínimo, seis meses, por lo que el proceso no habrá finalizado hasta bien entrado el 2017.

Por el momento, el Ayuntamiento ha sacado a concurso, por 140.000 euros, la contratación de una empresa privada para que ayude en la redacción de los pliegos de la recogida de basuras.

Los trámites están empezando a pesar de que la fecha de fin del contrato se conoce desde hace años. Era, de hecho, una de las adjudicaciones más antiguas de la ciudad, ya que fue firmada en 1967, y es una de las de mayor cuantía anual. Solo comparable a la limpieza viaria, que también supera los diez millones al año, y que también acabará a finales del presente ejercicio.

Ambos servicios están en manos de Cespa, una empresa del grupo Ferrovial, que tiene más de 400 empleados en la ciudad vinculados a esos dos contratos.

Sus representantes sindicales, encabezados por el presidente del comité, Luis Martínez Casteleiro, acudieron ayer al Ayuntamiento a petición de García. La concejala insistió en que se mantendrán los puestos de trabajo y en que hasta la fecha de firma del nuevo contrato, el servicio se mantendrá como hasta ahora.

Sin embargo, la inquietud entre la plantilla es grande, ya que no tendrán la seguridad de que mantienen sus puestos hasta que los pliegos estén redactados y se conozcan las condiciones exactas en las que se prestará el servicio.

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