Consistorio y Fomento tratarán sobre La Solana y los muelles sin la mediación del Puerto

Eduardo Eiroa Millares
E. Eiroa A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

MARCOS MÍGUEZ

El alcalde y el presidente de Puertos del Estado se verán en los próximos días para concretar planes

13 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La subasta de La Solana y el Finisterre podrían paralizarse o posponerse. La Autoridad Portuaria de A Coruña pretendía que se celebrarse este mes, pero la oposición unánime de la corporación municipal a esa operación parece haber enfriado los planes, máxime después de la conversación que mantuvieron ayer el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, por mediación del grupo municipal del PP.

Desde el consistorio explican que las dos partes quedaron en verse en persona en cuestión de días para hablar sobre La Solana y el Finisterre, pero también sobre la cesión de la Marina y del futuro de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, además de abordar la conexión ferroviaria con el puerto exterior.

El gobierno local ofreció hace meses 1,4 millones -el precio de tasación- por La Solana y considera ilegal, además de contrario a los intereses de los ciudadanos, que esa parcela pase a manos privadas, por mucho que la Autoridad Portuaria de A Coruña tenga una oferta de 10 millones por el complejo deportivo y el hotel.

El ente público coruñés esgrimió desde el principio tres informes distintos, de Fomento, Hacienda y la Abogacía del Estado, que obligan a maximizar los beneficios con la venta para hacer frente a la deuda de Langosteira. El consistorio acusó al presidente del Puerto de A Coruña, Enrique Losada, de negociar en secreto con una inmobiliaria la venta de un espacio emblemático de la urbe. Ahora el alcalde negociará directamente con el presidente de Puertos del Estado sobre el futuro urbano de la fachada marítima coruñesa, y no con el de la Autoridad Portuaria.

Otras fórmulas

Además, el PSOE anunció ayer que reclamará en el Parlamento la paralización inmediata de la operación inmobiliaria, instando al Puerto a buscar otras fórmulas para pagar la deuda por Langosteira, que alcanza los 300 millones. En Marea, por su parte, pide que se investigue la gestión financiera del ente público.