Crespo defiende la legalidad de sus actuaciones

Asegura que está pendiente de la entrega de 12 informes que avalan su gestión

Gerardo Crespo con su abogado llegando al juzgado
Gerardo Crespo con su abogado llegando al juzgado

A Coruña

Gerardo Crespo, el principal investigado por la Operación Zeta, declaró esta mañana durante casi tres horas contestando solo a preguntas de su abogado, algunas del fiscal y aspectos que le pedía la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña aclarar.

«Mis empresas han tenido una actividad mercantil y profesional desde el año 1987 hasta 2014 que cerramos por culpa de este proceso de investigación que nos hunde la empresa económicamente, quebramos, mi patrimonio es negativo, estoy en deuda me van a desahuciar de mi vivienda, y que eramos una empresa referente en Galicia y a nivel España la fundación nuestra el Ministerio de Trabajo y Empleo la certifica como la número 23 de España en noviembre de 2013 y a Azetanet como la número 63 de 1.050 que hay», explicó Crespo al salir del juzgado.

Negó que se cometieran ilegalidades y aseguró, frente a las acusaciones de liderar una trama para cobrar subvenciones por cursos que no se realizaron, que impartieron todo y que existe documentación que lo acredita y que no es posible falsificar. «Todo tiene una explicación contable, todo legal, auditado, auditado por Tribunal Cuentas», apostilló el empresario.

Frente a que su fundación es una entidad fantasma indicó que «Fundefo fue socio del Gobierno portugués, del Gobierno gallego, socio de la Comunidad de Castilla y León en proyectos europeos u en Iberoamérica con el Gobierno gallego».

Crespo, tal como había anunciado su letrado José Ramón Sierra, pretende volver a prestar declaración cuando se presenten los informes que todavía no han podido entregar en el juzgado y que cifró en doce, siendo algunos de ellos de la Agencia Tributaria.

«La Administración se ha enriquecido con nuestro trabajo 

no ha lugar a estafa ni fraude de subvenciones», remarcó, al mismo tiempo que puntualizó que Hacienda no ha encontrado irregularidades contables en su gestión.

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