Las concesiones han caducado y los concursos para adjudicarlos están pendientes
16 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El pasado 26 de febrero, el gobierno local paralizó la contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes. Los trámites, que habían sido iniciados por el PP y que avanzaron con el actual ejecutivo, estaban casi terminados y solo faltaba un informe de la concejalía de Facenda. La paralización se produjo a raíz de un informe de la asesoría jurídica. Meses después, a principios de octubre, la concejala de Medio Ambiente anunció que el Ayuntamiento volvería a iniciar todos los trámites, y que el anterior proceso había sido anulado por la presencia de «vicios de forma» que el PP ha rechazado.
El procedimiento tardará meses en terminar, ya que se trata de un contrato complejo y millonario. El presupuesto de licitación del que fue anulado en octubre rozaba los 5,9 millones de euros.
Hasta entonces, y como viene ocurriendo desde hace más de un año, el Ayuntamiento tendrá que pagar 445.000 euros al mes a través de las facturas presentadas por las empresas adjudicatarias.
Ese mecanismo es irregular para la Administración pública, por lo que todas las facturas están siendo objeto de reparos de legalidad por parte del interventor, que tienen que ser levantados por el alcalde con un decreto.
El pasado mes de septiembre, por ejemplo, el regidor firmó tres decretos para levantar los reparos que el alto funcionarios había planteado al pago de tres facturas por valor de 127.870 euros, 151.000 euros y 159.470 euros, correspondientes al mantenimiento de zonas verdes en las áreas 1, 2 y 3 de la ciudad. Existe una cuarta área, los jardines de Méndez Núñez, cuyo cuidado asciende a unos 6.000 euros mensuales.
Ese mecanismo de pago irregular se extenderá este mes a dos servicios más. El principal es la gestión de las bibliotecas municipales, por la que el Ayuntamiento paga más de 193.000 euros mensuales. Fue el grupo municipal del BNG el que denunció el lunes que ese mismo día había terminado la prórroga del contrato sin que el gobierno local hubiese finalizado la «municipalización» del servicio que inició en junio. Los nacionalistas denunciaron que ese proceso es «un segredo» para la oposición, a la que solo se invitó a una de las reuniones, y también para las trabajadoras «ás que non se lles permitiu participar». El alcalde señaló ayer que el informe técnico está «prácticamente rematado», y que la semana que viene se llevará a la comisión técnica y después al pleno para votar el cambio del modelo de gestión.
Finalmente, el día 30 finalizará la prórroga del contrato de servicios complementarios del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), por el que el Ayuntamiento desembolsa algo más de 52.000 euros cada mes.
La empresa adjudicataria de ese servicio, que salvo sorpresa tendrá que seguir al frente a partir del fin del contrato al no haber acabado el concurso, es Sermasa, una de las empresas del grupo Vendex investigadas en el marco de la operación Pokémon, y su rama coruñesa Pikachu, por la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. El pago mediante facturas se mantendrá por un tiempo indeterminado, ya que se desconoce cuándo terminará la contratación.
El Ayuntamiento pidió a una firma catalana un estudio de la antigua cárcel, aunque no es suya
El grupo municipal del BNG ha presentado una serie de preguntas al gobierno local para que aclare por qué pagó 5.203 euros por un estudio sobre las deficiencias en la cárcel provincial a pesar de que el edificio no es suyo, sino de Instituciones Penitenciarias. Además, la portavoz nacionalista, Avia Veira, ha preguntado si el ejecutivo «considera que non existen empresas na cidade con capacidade para facer este informe técnico», ya que fue contratado a una firma de Sant Cugat del Vallés. Finalmente, Veira ha exigido al gobierno que aclare sus planes para recuperar la antigua prisión, cuya propiedad desencadenó en el anterior mandato un conflicto judicial entre el Ayuntamiento e Instituciones Penitenciarias.