El Ayuntamiento mantiene la pugna judicial con Instituciones Penitenciarias
14 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Ayuntamiento ha abierto un segundo frente para intentar recuperar el edificio de la cárcel provincial, abandonado desde que salió el último recluso hace ya más de un lustro. El gobierno local ha entablado negociaciones con el Ministerio del Interior, del que depende en última instancia el inmueble, con el objetivo de recuperarlo mediante un acuerdo entre las partes.
Esas gestiones continúan, han señalado fuentes municipales. Pero al mismo tiempo el ejecutivo mantiene activas las acciones judiciales que emprendieron sus predecesores del PP para obligar a Instituciones Penitenciarias a devolver la cárcel al patrimonio municipal sin ninguna contraprestación económica. Esos intentos se encontraron con una sentencia negativa del Tribunal Supremo, pero el Ayuntamiento ha recurrido a la Audiencia Nacional.
La Administración local argumenta su postura en el documento original que permitió levantar la cárcel en 1925, que especifica que la cesión de las fincas a Interior solo será valida mientras se dediquen a su uso como penal.
Por lo tanto, cuando la prisión cerró tendría que haber vuelto de forma gratuita al Ayuntamiento, sostienen los letrados municipales. Enfrente tienen a la abogacía del Estado, que defiende la validez del acuerdo firmado en el 2005 entre el gobierno que presidía Francisco Vázquez e Instituciones Penitenciarias, que incluía el pago de 1,2 millones de euros por parte del Ayuntamiento para recuperar el inmueble.
El acuerdo nunca fue ejecutado una vez que la cárcel quedó sin uso, y sus instalaciones han sido víctimas del abandono durante estos años. Durante el anterior mandato, el gobierno local obligó a Interior a hacer obras para garantizar el mantenimiento del edificio, y también se ha contratado seguridad para impedir que entren intrusos en él.