Las relaciones entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria no levantan cabeza desde las quejas por las filtraciones en el subterráneo del Parrote
27 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El conflicto entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria nació en 4 de julio, cuando 21 días después de tomar posesión el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, alertó de la existencia de «filtracións de auga mariña» y «deficiencias de construción» en el túnel del Parrote, que continúa cerrado a la espera de que esté construido su enlace con el subterráneo de la Marina.
En el túnel, efectivamente, entraba agua, pero el Puerto aseguró que se trataba de filtraciones normales en una obra de su tipo, por debajo del nivel del mar y pegada a él. La polémica siguió hasta que el anterior alcalde, Carlos Negreira, negó la existencia de problemas y el actual regidor, Xulio Ferreiro, en respuesta, hizo público un vídeo en el que se veía una gotera fluyendo por una pared de hormigón del túnel.
El Puerto y la empresa Copasa, constructora del subterráneo, respondieron con los mismos argumentos: que la filtración es normal en una obra que se desarrolla «a unos 8,5 metros bajo el nivel de las pleamares», que la filtración ya estaba reparada y que la infraestructura llegaría en perfectas condiciones.
Las subidas de tono
Pero el tono de las declaraciones iba subiendo más y más, y mientras Xulio Ferreiro aseguraba que cada vez que su equipo abría una carpeta aparecía «un desastre, un problema»; la Autoridad Portuaria añadía la coletilla «como sabe cualquier técnico competente» a sus aseveraciones de que las filtraciones entraban en lo normal.
Unos días más tarde el alcalde comenzó a restar importancia a esas goteras y el 23 de julio admitió que «poderían ser normais». También señaló que decidieron mostrar el vídeo ante la negativa de Carlos Negreira a admitir que hubo un problema, lo que les habría dejado de mentirosos.
A esas alturas ya estaba formalizado el divorcio entre ambas instituciones, que durante el anterior mandato trabajaron sin fricciones. Es más, había tal entendimiento que Carlos Negreira decía que Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria (elegido por la Xunta de Galicia), era su concejal número 15.
Las hostilidades no tardaron mucho en reanudarse. El 14 de agosto Xiao Varela pidió la licencia municipal de la obra de la Marina y advirtió que si el Puerto no la tenía la obra sería ilegal y podría ser paralizada. Esa posibilidad encendió a vecinos y comerciantes, muy cansados de los trabajos, y el alcalde dio un paso atrás dos días después y dejó la paralización en manos de la Xunta, que asegura no tener competencias para entrar en el asunto.
Ese fue el único cambio de posición en un conflicto que desde entonces no se ha movido. El Ayuntamiento quiere la licencia y el Puerto dice que no es necesaria porque María Pita fue copromotora de la obra y esta se desarrolla en terrenos propiedad de ambas administraciones.
Mientras eso ocurre, la Autoridad Portuaria reclama al Ayuntamiento que pague los diez millones que le adeuda por las obras, pero este se resiste a la espera de comprobar su total legalidad.
Reuniones sin éxito
La última reunión para desbloquear el asunto no funcionó, y las alegaciones presentadas por el Puerto, que cuentan con el visto bueno de la Abogacía del Estado, aún no han sido contestadas.
En medio quedan las críticas del presidente de la Autoridad Portuaria al Ayuntamiento, casi acusándolos de ignorar la legislación, y los cambios de criterio del ejecutivo, que pasó de amenazar con la paralización a ni plantearse esa posibilidad; o las afirmaciones de que desconocían si hay o no licencia cuando la denuncia la planteó ya iniciado este mandato un colectivo encabezado por el número 15 de la candidatura de la Marea que concluyó, tras examinar los expedientes municipales, que ese documento en concreto no existe.
Para las próximas semanas están previstas nuevas reuniones, y ambas instituciones aseguran una y otra vez que están abiertas al diálogo, pero parece muy complicado que a corto plazo se resuelva el enfrentamiento soterrado entre dos instituciones. Puerto y Ayuntamiento, que gestionan cada año más de 275 millones de euros en la ciudad.