Enrique Losada cree que solo la venta de muelles paliará la situación
01 jul 2015 . Actualizado a las 16:23 h.El consejo de administración de la Autoridad Portuaria se reunió ayer para aprobar sus cuentas del año pasado. En total, se facturaron 23,62 millones de euros, con un resultado de explotación -beneficio- de 767.000 euros. Supone el segundo descenso en dos años, desde la cifra récord de 25,5 millones del 2012. El ejercicio, con todo, acabó en negativo porque la entidad debe hacer frente, aparte, a la deuda contraída para pagar la obra del puerto exterior. Así el 2014 acabó en rojo con 4,2 millones en el debe, pérdidas «originadas por las amortizaciones y los gastos financieros generados por los créditos contraídos para sufragar la construcción del puerto exterior», indican desde el Puerto.
El dato es malo, pero se esperaba algo todavía peor, ya que el plan de empresa de la entidad preveía un agujero de 7,3 millones, reducido finalmente en un 42 % «por el control del gasto y la gestión económica».
A esos números rojos obtenidos hay que sumar, todavía, los pagos a Repsol por adelantar su marcha a Langosteira. Son otros 24 millones de euros, aunque se pagarán poco a poco, en función del grado de ejecución de los trabajos. Desde el Puerto recuerdan el «notable beneficio social» de la marcha de la petrolera de San Diego, y aprovechan también para hablar sobre los terrenos del puerto interior que vayan quedando libres, un suelo que en teoría se iba a vender para sufragar la deuda por la obra de Langosteira y que ha cobrado relevancia últimamente por la intención del nuevo gobierno local de que ese suelo sea de uso público, algo que también había dejado caer el anterior. «La situación financiera se paliará en tanto en cuanto se puedan desafectar y vender determinados muelles del puerto interior, tal como está previsto en el plan financiero que se ha elaborado con el consenso de todas las instituciones», indican desde el Puerto.
La obra de Langosteira se desbloqueó en su día gracias a sendos préstamos firmados por la Autoridad Portuaria. Uno de ellos, de 250 millones, avalado por Puertos del Estado, se redujo al año pasado a 200 millones como máximo. El otro, del BEI, asciende a unos 130 millones más.
Por otra parte, el consejo aprobó también ayer ampliar el área de concesión a la empresa Pérez Torres, que cuenta ya con una nave de 10.000 metros cuadrados y pretende erigir otra de idénticas dimensiones. Además, la empresa Galigrain tiene autorización para incorporar una nueva grúa vinculada a su nave. El presidente, Enrique Losada, explicó también las actuaciones promocionales y las obras en curso.