El Ayuntamiento y la empresa gestora de Nostián intercambian demandas que podrían costar tanto a las arcas públicas como la Marina y el Parrote
05 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Ayuntamiento y Albada, la empresa gestora de la planta de residuos de Nostián, se han enzarzado en una peligrosa pelea judicial que podría terminar con un millonario desembolso por parte de las arcas municipales. Los tiempos de la Justicia evitarán que el asunto estalle en este mandato, pero el próximo gobierno tendrá que gestionar un nuevo contencioso en el que se jugará la salud de la Hacienda local.
El problema viene de lejos. La planta de Nostián, una instalación pionera que iba a dotar a la ciudad y los ayuntamientos limítrofes de una alternativa más ecológica para tratar y reciclar sus residuos, sufrió problemas económicos desde el principio.
Según las auditorías encargadas por el actual gobierno municipal, los defectos del proyecto y las circunstancias sobrevenidas después de su construcción, como la negativa de la Xunta a autorizar el uso de un vertedero, provocaron un desequilibrio económico que repercutió en la viabilidad de la instalación.
Ese desequilibrio asciende según la empresa a casi 36 millones de euros, aunque esa cantidad se incrementaría de forma considerable por los intereses.
Albada presentó este año una demanda en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo en la que reclama esa cantidad. Se une a otro procedimiento que data de principios del mandato, cuando la compañía exigió el pago de la revisión de precios, que podría superar los 7 millones.
El contraataque del Ayuntamiento comenzará hoy, cuando la junta de gobierno inicie el proceso para declarar la lesividad de un acuerdo aprobado antes de las anteriores elecciones y que reconoce a la empresa parte del desequilibrio, y autoriza el pago anual por parte del Ayuntamiento de 3,3 millones de euros a la empresa para compensar el traslado de rechazos, que tendrían que haber sido depositados en el vertedero vetado por la Xunta.
El movimiento de María Pita podría retrasar la resolución de las demandas de la empresa. Según señalaron ayer fuentes jurídicas, la posible lesividad del acuerdo del 2011 es una cuestión previa sobre la que los tribunales tendrán que decidir antes, ya que si el acuerdo es nulo la firma no podría reclamar una compensación basándose en él.
Sin embargo, las mismas fuentes señalan que será difícil que los tribunales den la razón al Ayuntamiento, que ya trató de dejar sin efecto el acuerdo declarándolo nulo y se encontró con una negativa del Consello Consultivo. La empresa Albada podrá utilizar esa resolución ahora en defensa de sus intereses.
Una propuesta del BNG
El gobierno ha decidido poner en marcha la vía de la lesividad como último recurso, después de intentar la de nulidad y otras alternativas; pero el BNG ya advirtió hace mucho de que la mejor opción existente era la que ahora ha comenzado. El 17 de diciembre del 2011, el portavoz nacionalista Xosé Manuel Carril instó a los populares a iniciar ese procedimiento, y advertía de que era necesario contar antes con las auditorías y con estudios municipales. Vaticinó que sin esos documentos la propuesta del gobierno local era «xurídicamente dubidosa». El rechazo del Consello Consultivo a los argumentos del Ayuntamiento parecieron darle la razón y ahora, «máis vale tarde que nunca», señaló ayer, el gobierno adopta su propuesta.