La reapertura de la fábrica de armas ha entrado en un terreno embarrado. El cruce de acusaciones llegaba esta semana al Parlamento gallego cuando el portavoz del grupo socialista, Méndez Romeu, aseguraba que en la adjudicación de la fábrica estaba «o conseguidor por antonomasia, o amigo do presidente, compañeiro de espectáculos, empresario, provedor do PP e comisionista recoñecido no sumario da Operación Zeta», aludiendo a Pachi Lucas. Méndez también aseguró que el exdirectivo del Igape Carlos Silva, imputado en la operación Campeón, «está vinculado á empresa adxudicataria».
Luego vinieron los desmentidos. Primero del conselleiro de Industria, Francisco Conde, afirmando que la adjudicación de la fábrica era responsabilidad de Defensa. Desde la empresa «negamos rotundamente que Carlos Silva haya tenido ni tenga relación alguna con Hércules de Armamento». También Defensa decía que la adjudicación de la fábrica «se ha ajustado a la legalidad vigente en todos y cada uno de los extremos».
Y varios asuntos están en los juzgados. Uno es la reactivación de una querella contra cinco ex empleados de UGT que General Dynamics había retirado pero la fiscalía reabrió justo el día en que se fallaba el concurso. También Hércules de Armamento se ha ido a los juzgados por «declaraciones de gravísimo contenido y falsedad» y presentó una querella criminal contra el presidente del antiguo comité de empresa, Roberto Teijido.