Los imputados por los cursos falsos de formación recibieron 20 millones en subvenciones

A. Mahía A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

La policía detuvo durante la investigación a siete personas y la jueza llamó a declarar a más de 50 personas

16 oct 2014 . Actualizado a las 08:40 h.

La burla era tan sencilla como esto: se ofrecían a organizar cursos de formación pagados por la Administración autonómica para desempleados y profesionales, pero a veces ni había alumnos y, mucho menos, profesores, según los investigadores. Solo aulas vacías o casi vacías. Nada más. Cobraban su buen dinero, y a organizar otro. Una treta que se destapó en diciembre del 2011 y en la que se han podido defraudar 20 millones de euros, según el Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Comisaría Provincial de A Coruña. Una suma que, entre otros, supuestamente se repartían el anterior presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Eliseo Calviño; el actual, Francisco Javier Pérez Bello; así como el empresario coruñés Gerardo Crespo, dueño de Azetanet, uno de los mayores grupos de España dedicado a la formación. No fueron los únicos detenidos durante la larga instrucción. El secreto de sumario no se levantó hasta ayer. También lo fueron otras cuatro personas, tres de ellas cargos de responsabilidad en la empresa de Gerardo Crespo, y el otro, el director comercial de los autónomos gallegos. Están imputados por fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación documental, entre otros delitos, según indica la jueza que lleva el caso.

61 investigados más

Son las siete personas imputadas hasta el momento. Pero puede haber más. Porque la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña llamó a declarar a 61 personas más. Por ahora, han comparecido en calidad de testigos y la jueza aún no ha tomado una decisión sobre ellos.

La trama la descubrieron a finales del 2011 dos funcionarios de la Consellería de Traballo e Benestar, al detectar una serie de irregularidades en los cursos de formación patrocinados por este departamento autonómico. Los funcionarios trasladaron sus sospechas a sus superiores y estos los pusieron en manos de la Fiscalía.

Investigación interna

Paralelamente, la Dirección Xeral de Emprego visitó las instalaciones de 26 entidades sin ánimo de lucro que habían sido seleccionadas para impartir talleres de formación que se incluían dentro del programa de integración y empleo de la Xunta, y que tenían dos objetivos: la formación de los alumnos y su inserción laboral. Tras la revisión de toda la documentación, se supo que ni los cursos de formación se hicieron, ni se contrató al personal para impartirlos, ni se contaba con las instalaciones prometidas. En concreto, se descubrió que dos de las firmas -Fundefo y AED, pertenecientes al empresario coruñés Gerardo Crespo- presentaban varias irregularidades graves. En concreto, faltaba información sobre el número de alumnos que habían asistido a las actividades, no había datos suficientes sobre el personal supuestamente cualificado que había impartido los talleres, y además se detectaron varios incumplimientos en las directrices del programa.

A su vez, cuando la Consellería de Traballo e Benestar abrió una investigación, encontró, entre otras muchas irregularidades, que las entidades incumplían lo acordado en materia de personal, ya que Fundefo obtuvo la puntuación máxima (12 puntos) porque tenía previsto emplear a 12 personas para impartir los talleres, aunque solo hizo cuatro contratos, «e no momento da nosa visita non se atopaba ningunha das persoas contratadas, e as explicacións que nos deron ao respecto foron varias: traballa en Vigo, está de vacacións, está con Adecco, está enferma...», según declararon los inspectores ante la jueza.

Como anécdota, una de esas empresas sin ánimo de lucro optó al concurso para organizar uno de esos cursos prometiendo que sus alumnos dispondrían hasta de guardería gratuita para sus hijos. Luego ni aparecieron esos hijos, ni esos padres, ni profesores cualificados por ninguna parte. En la mayoría de los casos, las entidades investigadas contrataban los cursos de formación a través de la consultoría Azetanet, empresa matriz de Gerardo Crespo, según fuentes policiales.

En el auto del levantamiento del secreto de sumario, la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Coruña deja constancia de que con todas las pruebas practicadas hasta el momento «se ha permitido definir los perfiles de un complejo entramado delictivo en el que los sujetos investigados, desde distintos ámbitos profesionales (incluido el de los responsables públicos encargados de la concesión y control de las subvenciones) y asociativos, se habrían coordinado para conseguir fondos públicos, fundamentalmente en el ámbito de las subvenciones a la formación, falseando los requisitos requeridos. Una vez obtenidos aquellos fondos, habrían procedido a su reparto y posterior uso privativo», que en otras palabras es como decir que todo iba a parar a sus bolsillos sin mover un dedo.