Las siete personas que vivían en un edificio sin finalizar se quejaron de que no se les advirtió previamente de que tendrían que dejar los pisos, lo que impidió que sacaran los muebles
06 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Un montón de enseres en la calle y gritos de apoyo de vecinos con el eslogan «un desalojo otra okupación» generó mucha expectación ayer por la mañana en la plaza Padre Rubinos de los Mallos. A las nueve de la mañana, orden judicial en mano, agentes de la Policía Nacional y personal de los juzgados conminaron a los inquilinos a abandonar el número 16, un edificio sin acabar de rematar y que fue okupado hace un año. Los desalojados se quejaban de que, pese a que varios agentes los visitaron esta semana, nadie les advirtió de que tendrían que abandonar el edificio, que desde ayer cuenta con guardias de seguridad para evitar que se repita otro suceso de este tipo.
«Yo antes tenía la risga y había alquilado un piso en San Isidoro, pero no podía pagar los 340 euros y me vine para aquí», explicaba Lucía Borja, que vivía en el subsuelo con su hija de 23 años. Su hijo Miguel Barrul, de 26, ocupaba con su novia Jennifer Veiga otro de los pisos del edificio. También ellos estaban allí por falta de medios. Jennifer tiene tres hijos -de 7, 4 años y 8 meses- y explica que ya fue desahuciada de otro piso por impago y que la única solución que le quedó era esa, mientras los niños se los cuida su madre. «Si me los traía para aquí podía tener problemas con Menores», relata y explica que la situación se ha vuelto muy complicada sin trabajo. «Ahora no hay nada», comenta. Jennifer justificaba que optaron en su día por okupar por la necesidad de una vivienda y porque el inmueble fue abandonado sin acabar -los okupas tenían que arreglárselas sin cocinas- debido al embargo del banco.
Con un exterior en perfecto estado, sobre la puerta de entrada del edificio continúa colgado un cartel de Nexus con el anuncio de «venta de pisos desde 169.500 euros». «El Rey dijo que la casas sin habitar tenían que habitarse y la Constitución también dice que tienes que tener una casa, esto es la vergüenza de España», comentaba Miguel, que indicó que otra inquilina evitó el desalojo al dejar la casa hace una semana.
Acogidos por familiares
El que tardó más en sacar sus cosas fue Julio César Ortega, un marinero de 38 años, que entró en el edificio en diciembre. «Estoy sin trabajar desde junio del 2013 y no tengo derecho a nada», explicaba, mientras comentaba: «Llevaba diez años en Gran Sol, pero ahora no quedan ni barcos». Mientras él se afanaba por bajar sus cosas a la calle, su mujer iba a pedirle a su abuela que los acogiera y su hermano, que está enfermo, iba a comer a la Cocina Económica. Finalmente, la familia de su mujer los acogió, cuando él ya se veía en la calle. También fueron familiares los que socorrieron a los otros desalojados. Desde el Ayuntamiento se indicó que técnicos «fueron, pero no llegaron a intervenir porque se les transmitió que tenían una solución de vivienda», cuestión que negaron los afectados.