El pleno también aprobó tres estudios de detalle para otros tantos proyectos urbanísticos en la ciudad y la nueva ordenanza de licencias, que aún deberá pasar por el trámite de alegaciones y otra aprobación plenaria antes de su entrada en vigor.
Los estudios de detalle permitirán ampliar el hospital Santa Teresa, tal y como planea el grupo Quirón. También se podrá construir el centro de la Asociación Síndrome de Down Coruña en Pedralonga. El edificio costará cerca de 800.000 euros y el Ayuntamiento cederá su uso a la entidad benéfica durante un plazo de 75 años. Además, en las instalaciones se creará un «espacio de uso vecinal», según explicó el edil de Urbanismo, que es una vieja reivindicación de los residentes del barrio. Finalmente, otro de los estudios permitirá la ampliación de las instalaciones deportivas de Matogrande, que contarán con un acceso principal desde la calle Enrique Mariñas.
Todas las propuestas salieron adelante con el voto favorable de PP, PSOE y EU. El BNG se abstuvo. Su portavoz, Xosé Manuel Carril, señaló que la obra del hospital invade algunos límites y que en Pedralonga se había previsto un centro cívico que ahora «non aparece». Además, explicó al gobierno que en los tres casos se pidió en el plazo incorrecto el informe de aviación civil necesario para hacer las obras. El edil de Urbanismo señaló que se corregirá, pero que aún así habían sido positivos.
Martín Fernández Prado también defendió su nueva ordenanza de licencias, que salió adelante con la abstención de toda la oposición. PSOE, BNG y EU creen que la norma, que permitirá iniciar la actividad en locales mediante autorizaciones previas que luego serán revisadas por los técnicos municipales, puede suponer un aumento de los incumplimientos de las diferentes normativas. Además denunciaron que los servicios de inspección son insuficientes.
Fernández Prado se comprometió a examinar sus alegaciones y admitió que podría ser necesario reorganizar y reforzar la inspección para que la nueva norma se aplique sin problemas. Pero defendió su entrada en vigor para modernizar la ordenanza vigente y adecuarla a las peticiones del sector, entre las que se incluye ampliar a un año el plazo de seis meses para las transmisiones de titularidad.