El año pasado caducaron casi 20 permisos, muchos de ellos en Someso
21 abr 2014 . Actualizado a las 13:08 h.No hay junta de gobierno en la que no se aprueben una o varias caducidades de licencias de obra. Se trata de proyectos para los que las promotoras pidieron permiso en su día y que la crisis dejó convertidos en papel mojado. Desde el año 2006 suman 66 las solicitudes caducadas, entre las últimas, las de las torres de viviendas en Someso que iba a promover NCG y que la explosión de la burbuja redujo a la nada. Si antes había por lo menos papeles, ahora no queda ni eso.
En ese caso, con todo, las licencias tampoco servían ya tal y como estaban, pues ni siquiera se habían adaptado los planos al nuevo planeamiento, que de entrada reducía el número de edificaciones. El fin de la vigencia de las autorizaciones supone, por ahora, que no se harán ni muchas ni pocas. Ninguna. Los propietarios de los terrenos siempre pueden, si lo desean, volver a presentar sus solicitudes, pero en María Pita no se las espera ni a corto ni a medio plazo.
El estado del sector de la construcción no solo se deduce del fin de la vigencia de los permisos para construir. Los ingresos municipales por licencias de obra son otro buen indicador, y en ese capítulo se retrata también la escasa salud del ladrillo. En el 2008 el Ayuntamiento ingresó casi 6 millones por ese concepto. En el 2013, el peor año de la serie desde el 2006, la caja fue diez veces menor.
La caducidad de los permisos tiene que ver con esa situación. Muchos pagaron tasas en los años del bum para poner en marcha edificios que se quedaron a medias o que ya no se harán.
Desde el gobierno local indican que los procesos para declarar caducadas las licencias se abren, sobre todo, en inmuebles que se quedaron a medias y que podrían llegar a suponer un riesgo para la seguridad. La expiración de la autorización de construir permite al Ayuntamiento actuar de oficio en esos casos y tomar las medidas necesarias, algo que no se podría hacer sin ese trámite.
Desde el año 2011 se aprobaron proyectos en la ciudad que suponen una inversión total cercana a los 290 millones de euros. De ellos muy pocos son de promociones privadas nuevas. Las restauraciones y actuaciones de menor calado -como las vinculadas al plan de instalación subvencionada de ascensores- suponen una buena parte. Otra está más relacionada con proyectos públicos. «Las obras singulares mantienen los ingresos por licencias», explica el edil de Urbanismo, Martín Fernández Prado, citando algunos casos, como la ampliación del Chuac, Tabacos, la Solana, Padre Rubinos, o las que promueve Inditex, entre otras.
Que el ladrillo esté viviendo malos momentos tampoco significa que haya desaparecido del todo. En Náutica se han dado permisos para levantar más viviendas, y también en el entorno de la escalinata de Santa Lucía, por citar dos casos. También en el Ofimático se espera a las máquinas, aunque la actividad que se generará en la ciudad nada tendrá que ver con los años previos a la crisis.
En los presupuestos de este año el gobierno local apunta una previsión de ingresos por licencias de 2,2 millones, cuatro veces más que en el 2013. Para muchos la cifra es muy optimista. La caja pública, parece, tendrá que llenarse en otro lado.