El alcalde, Manuel Rivas, señalaba entonces que era imposible la recepción del documento presentado por la UTE «por el notable número de deficiencias, ausencias de documentos e incorrecciones que contiene». El texto llegaba además con ocho meses de retraso sobre el plazo previsto, con el agravante de que la UTE ya había sido sancionada anteriormente por incumplir los plazos con una multa de casi 17.000 euros. Por todo ello, Rivas no dudó en calificar la actitud de las empresas hacia los vecinos de Cambre de «tomadura de pelo».
Informes favorables
Contra el acuerdo de resolución, las empresas adjudicatarias tenían la posibilidad de alegar, y así lo hicieron el pasado mes de febrero. A la vista de lo expuesto por la UTE, los departamentos municipales de Secretaría e Intervención emitieron el 24 de marzo un informe conjunto en el que ponen de manifiesto que «no existe circunstancia técnica alguna que desvirtúe el procedimiento resolutorio incoado». No obstante, teniendo en cuenta la prevalencia del interés público en la aprobación del PGOM para el Concello de Cambre y apoyándose en un informe previo del responsable del contrato, consideran «factible y aconsejable» la prórroga de cinco meses que se les concede.
