Amplio despliegue policial en los juzgados de A Coruña por el juicio de tres jóvenes nacionalistas acusados de realizar pintadas

El secretario de Organización del BNG, Bieito Lobeira, calificó los hechos de «involución democrática»


A Coruña

Cinco policías nacionales en el interior y ocho en el exterior de la sala de vistas fue hoy el amplio despliegue policial que llevó a cabo coincidiendo con el juicio de faltas en el que se juzgaba a tres militantes de la organización juvenil Isca! en A Coruña. Acompañaron a los muchachos en el juicio un reducido grupo de amigos entre los que se encontraba el secretario de Organización del BNG, Bieito Lobeira, que cuestionó esa muestra de seguridad. «Paréceme un esperpento tal desplegue policial para disuadir dentro dunha instancia xudicial a un grupo pequeno de persoas que viñan a apoiar a uns compañeiros, que nos pensamos, inxustamente xulgados e acusados. Parécenemos que non ten nome. Este Estado en crise ten tantos recursos que é quen de permitirse o luxo de desprazar tal número de axentes para cubrir non sei ben que seguranza?», inquirió el político nacionalista, que consideró que los hechos suponen «unha involución democrática e o que persigue é criminalizar, meter medo e disuadir a xente a que exerza a liberdade de expresión e nesta ocasión de apoio a uns compañeiros que nós entendemos que son inxustamente represaliados e xulgados». «Non hai precedentes, parece ser nesta casa xudicial de utilización de forza pública, de axentes da seguranza con esta intención de crear medo», aseguró tras el juico.

En la sala, los tres acusados reconocieron la autoría de una pintada, por la que ya han pagado una multa en el Ayuntamiento. Aunque su abogada intentó que no fueran juzgados por dos procedimientos distintos por los mismos hechos, la jueza desestimó su petición e indicó que la vía penal estaría por encima de la administrativa y que de ser condenados tendrían que reclamar la devolución de la multa del Ayuntamiento, que había sido de 600 euros.

En la vista, el fiscal mantuvo la petición de condena y solicitó para ellos una pena de 6 días de localización permanente y el pago del coste que tenga limpiar las pintadas, mientras que su letrada pidió la absolución.

Antes de la vista, militantes del BNG y CIG, junto a políticos como Bieito Lobeira, Xosé Manuel Carril, Avia Veira o Paulo Carballada, se concentraran ante los juzgados coruñeses para apoyar a los tres integrantes de Isca! tras una pancarta en la que ponía «Futuro digno na nosa terra», el lema de la pintada que reconocieron haber hecho los procesados el pasado 18 de septiembre en la calle Orzán.

Si bien intentaron realizar la concentración en las escaleras de los juzgados, donde habitualmente se llevan a cabo este tipo de actos, la Policía Nacional les indicó que la jueza decano había requerido que no se pusieran allí y la llevaron a cabo en la acera de enfrente.

Los participantes portaban carteles de denuncia con los escándalos destapados por la Pokémon y contra el gobierno local de A Coruña.

El portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, indicó que el juicio es «unha proba máis de que como a medida que se vai desmantelando o Estado do benestar se vai incrementando a criminización da protesta e presión para un Estado penitenciario». «Estase non só a sancionar administrativamente senón a xulgal penalmente a rapaces que o que fixeron foi protestar polo desemprego e a emigración que están a padecer moitas persoas da súa xeración», apuntó. Asimismo, dijo que «sorprende a dilixencia, contundencia e axilidade coa que actuou o goberno local neste caso se o contrastamos co respecto da Pokemon», puntualizó, ya que los acusados recibieron la sanción administrativa a la semana de ser identificados por los agentes locales.

Delegado del Gobierno

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, admitió que no tenía conocimiento de que hubiese tanta presencia policial en el juicio, pero en cualquier caso, «la policía en los juzgados normalmente asiste o bien porque tiene que ir a testificar o bien porque el juzgado les pide un tipo de protección. En este caso, la policía hace un servicio al juez o a la autoridad judicial. No conozco el caso en concreto y no puedo decir más».

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