Los juristas siguen sin observar delito en la actuación de los 19 imputados
10 feb 2014 . Actualizado a las 20:15 h.Al tronco de la operación Pokémon, la presunta trama de corrupción que instruye la jueza de Lugo Pilar de Lara y que salpicó por ahora a un centenar de personas en Galicia, le salió una rama en A Coruña bautizada como Pikachu. De ahí salieron imputados dos concejales y otras 17 personas, entre asesores, altos cargos y funcionarios. Solo la instructora sabe qué delitos cometió cada uno de ellos, en caso de que los cometieran, pero metida la mano en el cesto del sumario uno palpa prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, fraude y exacciones ilegales, negociación prohibida a funcionarios y alteración de concursos. Puede ser que sea verdad, pero también puede ser todo una mentira.
¿Descubrió la jueza el verdadero rostro de los imputados, el de unos representantes públicos voraces que utilizaron hábilmente el teléfono y la política para hacerse una fortuna y, sobre todo, evitar la cárcel? ¿Descubrió en ellos un gran olfato para los negocios y mejor para los amigos? Ellos dicen que no. Y los juristas, por lo visto y oído hasta ahora, dicen que tampoco.
Sea lo que sea, el escándalo es sonado. Conforme avanzan las horas y los titulares, los gestos de los imputados se van alejando de las palabras. Siguen hablando de cautela, de inocencia, de un camino que será largo y difícil, pero las sonrisas que subrayan esas palabras, una vez levantado una pequeña parte del sumario, reflejan un estado de ánimo diametralmente opuesto. El de la tranquilidad.
Cuando se apagaron los focos y las imágenes de la entrada en los juzgados viajaban ya hacia los telediarios, los políticos desvelaron que todo está basado en suposiciones, en las palabras del abuelo del primo del cuñado que dice que fulanito metió la mano en la caja.
Porque más allá de que se ventile que mengano es mujeriego o que fulanito sepa que menganito le llama gordo o pequeñito, de los pinchazos telefónicos «no se vislumbra delito alguno», según el concejal del Ayuntamiento coruñés y abogado Miguel Lorenzo. Porque pedir trabajo para alguien, aunque en caso de un político sea feo, «moralmente reprobable», como dice el abogado Esteban Rico, no aparece en el Código Penal. Otra cosa es que se demuestre que el político pague el favor metiendo la mano en el bolsillo de la Administración, puntualiza este letrado. El problema es que de esto último no hay pruebas, pero de lo otro, muchas.
De tantas escuchas -hay imputados que tuvieron el teléfono pinchado casi dos años- solo se sabe lo que la policía y la jueza instructora pudieron deducir y lo que los imputados que pasaron por su despacho han querido confesar, que fue nada.
Duro golpe a la imagen
Pero si nada afea a los imputados en los 14.500 folios del sumario que salieron a la luz -son un total de 81.000-, por qué la jueza los puso a los pies de los caballos «con una novela por entregas que lo único que hace es ensuciar la imagen de los afectados», se pregunta Esteban Rico. Su colega Miguel Lorenzo tiene más preguntas: «Si la instructora descubrió hace año y medio que el delegado de una empresa concesionaria de A Coruña se traía chanchullos con políticos, ¿por qué no dictó medidas cautelares para evitar que esa empresa optase a más concursos públicos? ¿Por qué ha dejado actuar a un presunto delincuente durante casi dos años? Tampoco entiende el edil que si la policía se entera por una llamada de que va a haber una entrega de dinero a un político, no monte un dispositivo para captar el delito.
Pues será porque la jueza Pilar de Lara «tiene el gatillo fácil a la hora de imputar», apunta el letrado Ignacio Bermúdez de Castro. Aunque «tampoco eso significa que sea el brazo ejecutor de una conspiración política», puntualiza el abogado Pablo Arangüena, que para él sí es soportable la actuación de la jueza, que actuó como debe actuar un magistrado que ve indicios de delito.
Y puestos a meter el dedo en el ojo a la instrucción, surge otro debate, el de la competencia territorial. Los juristas creen que la pieza separada de la Pokémon; es decir, la Pikachu, tiene que ser investigada en los tribunales coruñeses. El penalista Ramón Sierra, para demostrarlo, cita los artículos 14 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a instruir a un juez del lugar en el que se comete el delito. Y si aquí se cometió alguno, añade, fue en A Coruña. Dice que el Juzgado de Lugo, en este caso, «puede abrir diligencias a título de prevención o investigación, pero ha de trasladar la causa a los juzgados que le corresponde, que son los de A Coruña».
¿Y ahora qué? La pregunta es buena, pero la respuesta es sencillamente imposible. Los hechos se atropellan sin guion y sobre un escenario que tiembla.