Con tres meses de retraso sobre la fecha estimada inicialmente para su entrada en vigor, que el alcalde había previsto para el pasado abril, la ciudad estrenará antes de agosto su nuevo plan general. Han pasado siete años desde que el entonces alcalde Javier Losada anunciaba el inicio del proceso de revisión del PGOM de 1998 y, en este tiempo, el plan ha sufrido numerosas modificaciones, especialmente tras la polémica suscitada por el fuera de ordenación, que generó más de 27.000 alegaciones durante el período de exposición.
¿En qué ha cambiado el documento desde el visto bueno de la Xunta en febrero? En estos cinco meses, el equipo redactor del plan, liderado por el urbanista Joan Busquets, se ha decidido a elaborar el documento refundido, en el que se incorporan los cambios exigidos por la Consellería de Territorio para validar su entrada en vigor. El más relevante era la obligación de aclarar, en las normas urbanísticas, que las construcciones existentes podrían ser sustituidas por otras de idéntico volumen, despejando así definitivamente el fuera de ordenación, que, según la oposición, todavía coleaba en el documento aprobado en diciembre, tras un primer paso por la Xunta.
También hubo que aclarar la ordenación del entorno de la refinería, ya que el plan recogía que, en algunos polígonos urbanísticos cercanos al complejo industrial, se podrían desarrollar viviendas, algo que ahora se deja a expensas de lo que determine un análisis cuantitativo de riesgos (ACR). De momento, los únicos usos autorizados expresamente son los industriales, aunque el gobierno local ya ha manifestado su confianza en que se admitan en el futuro los residenciales.
La Xunta también ordenó al Ayuntamiento que adaptase ciertos aspectos del documento al Plan de Ordenación del Litoral y obligó a rectificar la posibilidad, insinuada en la memoria del plan, de descatalogar elementos protegidos por el plan especial del Puerto y que, a juicio del equipo redactor, tienen un valor «cuestionable», por lo que abría la puerta a su demolición. Era el caso de los edificios de Aduanas y la Comandancia de la Marina. La Xunta estima que esta determinación incumplía las directrices de la Dirección Xeral de Patrimonio, por lo que obligó a rectificar.