El BNG critica la medida porque sostiene que precarizará el empleo
22 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Dos de las 25 embarcaciones adscritas al servicio de inspección, búsqueda y rescate de Galicia están registradas en Canarias. La Xunta ha traspasado los buques de mayor tonelaje que tiene, el remolcador Sebastián de Ocampo y el polivalente Irmáns García Nodal, ambos del Servizo de Gardacostas de Galicia, al segundo registro español; esto es, al registro especial de Canarias.
La decisión ha desatado críticas en el bando nacionalista de la oposición. El BNG considera «escandaloso» que la Administración pública gallega decida que buques «da súa propiedade, que prestan servizo público» pasen al segundo registro, un pabellón que tiene importantes ventajas fiscales, como exenciones del 90% en el impuesto de sociedades y de otro tanto en las cuotas de la Seguridad Social de los tripulantes, además de estar libre del impuesto de transmisiones patrimoniales
Es precisamente esa menor carga económica lo que alega la Consellería do Mar para justificar el traslado. Según fuentes del departamento de Rosa Quintana, la inclusión en el segundo pabellón del Sebastián de Ocampo y del Irmáns García Nodal supone un ahorro de 137.000 euros al año por cada una de las embarcaciones. Librar a las arcas públicas de 274.000 euros es, por tanto, una medida de austeridad que, según recalcan, no merma, para nada, los derechos de los trabajadores. De hecho, sostienen que es en ese registro, en el especial de Canarias, en el que están dadas de alta las embarcaciones de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar).
Representación permanente
Pero ese argumento no convence a los nacionalistas, que recuerdan que el cambio de las embarcaciones al segundo pabellón obliga a contar con un establecimiento o una representación permanente en Canarias y, además, «precariza as condicións de traballo», sostiene Bieito Lobeira, portavoz del Bloque en asuntos pesqueros.
Con esa declaración se refiere a que el registro especial exige únicamente que el capitán y el primer oficial tengan nacionalidad española, pero para el resto de la tripulación solo se impone que la mitad sea comunitaria; es decir, «que pode ser contratada en condicións non suxeitas á lexislación laboral española, reducindo así, pola vía da degradación, os denominados custos laborais. Bonito exemplo na defensa do país e dos dereitos sociolaborais».
El Bloque recuerda, asimismo, que el Servizo de Gardacostas de Galicia tiene ya su gestión privatizada, pues aunque tanto el Irmáns García Nodal como el Sebastián Ocampo son propiedad de la Xunta, el personal que los tripula -excepto los inspectores, que son funcionarios- está contratado por Remolcanosa.