Penal 2 acogió ayer el juicio contra un joven acusado de distribuir pornografía infantil desde su vivienda del Agra del Orzán en agosto del 2008. El acusado, para el que la fiscal solicitó una pena de 3 años de prisión, negó los hechos e intentó durante el juicio crear dudas sobre quién utilizaba Internet en su vivienda, dejando entrever que muchas personas lo visitaban, especialmente un joven que conoció una noche de juerga y que aprovechaba su conexión para navegar por Internet. Sin embargo, declaró que solo sabía su nombre, Marcos, no tenía su teléfono y que creía que había abandonado la provincia.
En su declaración, en la que incidió en que tenía conocimientos básicos sobre Internet, dijo que no sabía nada de las fotografías y vídeos con los que se le relaciona.
Zoofilia
La fiscal, en cambio, estimó que el acusado era quien estaba detrás del nick Jaro, de vuelta, bajo el que envió a otro internauta imágenes en los que se ven a niños a las puertas del colegio, fotos explícitas de menores practicando sexo e incluso de zoofilia. Por videoconferencia declaró el hombre que destapó esa distribución de pornografía infantil y relató que tras contactar con otro internauta y ver el material que le enviaba optó por desviar la conversación a un programa donde quedara grabado para trasladárselo a la policía.
Recordó que los únicos datos personales que le ofreció su interlocutor fue que vivía en A Coruña, tenía 32 años (como el imputado en aquel momento) y que algunas veces participaba en los vídeos con las niñas. «En los vídeos no se veían las caras, sí perfectamente la de los menores, pero no las de las personas que estaban con ellos», declaró. Por su parte, el instructor del caso dijo que si bien la investigación les llevó al domicilio del acusado, cuando hicieron el registro, cuatro meses después, no encontraron ningún material comprometido.
El abogado de la defensa, Joaquín de la Vega, incidió en que no existen pruebas contundentes y leyó en su alegato, en el que pidió la absolución, el atestado realizado en su día por la policía en el que se especificaba que no se podía asumir que el imputado era el usuario del correo electrónico, ni responsable del nick «al no encontrarse evidencias y al no haber indicios suficientes para la acusación».