En la entrevista que concedió el martes a V Televisión, el alcalde, Javier Losada, se puso serio cuando se le preguntó por el caso Relámpago, nombre que el PP ha dado a la (irregular, según sentencia) expropiación de suelo en Someso, que costará 8 millones de euros, como poco, a las arcas municipales. Dijo el regidor que los técnicos municipales hicieron lo que consideraron correcto en este caso. Del mismo modo, subrayó, hicieron lo correcto en el caso del edificio Conde de Fenosa, sobre el que pende una orden judicial de demolición. También los técnicos de la Xunta pensaron que hacían lo correcto con el plan del ofimático, que ahora resulta que de ofimático tendrá poco más que el nombre. Lo dijo en el último pleno Carmen Marón: el ofimático será en realidad el futuro Ensanche de la ciudad ¿?
Justo en el año en el que el Plan General, el proyecto estrella del alcalde para este mandato, está en fase de revisión de alegaciones, al urbanismo que se llevó a cabo en las últimas décadas en A Coruña -aunque haya honrosas excepciones- parece que lo ha mirado un tuerto. Se ha descubierto que algunas de las cosas que en su día se creyó que eran correctas no lo era tanto, a juzgar por unas sentencias que nos pueden salir a todos por un ojo de la cara.
Acabará el año y quizás no sabremos si el edificio Conde de Fenosa será o no derruido, pues el gobierno municipal presentará un recurso de súplica al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La inquietud es evidente entre quienes hace años compraron un piso en el inmueble. Hoy son más de cien familias que tienen que optar por creer en lo que dicen los jueces (que hay que demoler) o en lo que dice el alcalde (que no habrá derribo, pues las consecuencias serían nefastas)... Como cualquier cosa en la vida, el urbanismo se encuentra al albur de interpretaciones jurídicas pero, por lo pronto, a quienes viven bajo los parqués de Someso, el Conde de Fenosa o la Torre Urbis esta situación les ha generado una inquietud cuyo coste no estaba incluido cuando firmaron la hipoteca. En paralelo a estos casos judicializados, A Coruña continúa el proceso de revisión del Plan General, también llamado plan Busquets, el que permitirá que se levante una intermodal para el AVE, nuevas zona verdes -proceso iniciado en avenidas como la del General Sanjurjo-, nuevas urbanizaciones, el que dispondrá un orden más racional de las avenidas, una ciudad hecha más a medida del ciudadano del siglo XXI. Este es, al menos, su punto de partida, aunque ya hay cierto nerviosismo por saber si tendrá una transparencia que, misteriosamente, no es muy amiga de los proyectos urbanísticos. Solo un ejemplo: el proyecto para el mercado de frutas.
En su recorrido, el Plan General deberá cuidarse mucho de no incurrir en los errores del pasado que, por decisiones judiciales que hay que respetar, se convierten en quebraderos no solo de cabeza sino de la hacienda pública. Es cierto que las necesidades de la ciudad cambian -y es uno de los argumentos usados por el Ayuntamiento para justificar que, donde se proyectó un campo de fútbol de un equipo modesto finalmente se levantaran viviendas y un centro comercial-, pero no se pueden amparar ciertas actuaciones urbanísticas con el argumento de que, deshaciéndolas, se causará un daño mayor que dejándolas estar. Quizás esa fue la mentalidad con la que trabajaron quienes diseñaron hace ya cincuenta años el barrio del Agra del Orzán, el mismo que un ex alcalde aconsejó en broma bombardear como única fórmula para hacer de él un lugar auténticamente habitable.
Pero el urbanismo es, y lo demuestran estas sentencias judiciales, una cosa muy seria.