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ABS triunfa en su táctica de evitar que un jurado popular vea el caso «Prestige»
A CORUÑA
El fallo de la Justicia de EE.?UU. que desestima la reclamación española de 1.000 millones de dólares a la firma que revisó el Prestige se produce antes de que la instrucción judicial desembocara en un terreno movedizo para ABS. La multinacional estadounidense basó su estrategia legal en dos apoyos. Por un lado intentó que se desestimara la jurisdicción estadounidense y se optara por las Bahamas, país que otorga inmunidad soberana a los buques, que como el Prestige , llevan su bandera. Por otro, evitar a toda costa un juicio con jurado popular, al considerar que esta fórmula sería muy lesiva para sus intereses.
La jueza Laura Taylor Swain, al optar por el juicio sumario, evita que las controvertidas revisiones realizadas por los técnicos de ABS se expongan al criterio de un tribunal popular, sobre todo en un momento en que la opinión pública estadounidense está especialmente concienciada con los vertidos de hidrocarburos, con la marea negra de British Petroleum en el golfo de México todavía en curso de resolverse. Antes de enfrentarse a este contexto, ABS sería más proclive a un acuerdo extrajudicial.
El propio Ministerio de Justicia, en una nota hecha pública ayer, reconoce que el auto del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York frustra esta estrategia legal española. «España sostiene que debe seguirse un juicio por jurado, plenario, con posibilidad de aportar las numerosas y abundantes pruebas dirigidas a acreditar que ABS incurrió en negligencia grave al clasificar al Prestige como apto para la navegación», se asegura desde el departamento que dirige Francisco Caamaño.
Sin obligaciones
La opción del juicio sumario por la que optó la jueza para dictaminar que la clasificadora no puede responder por daños a terceros impide que España lleve a cabo su actividad probatoria, tal y como reconoce el propio Ministerio de Justicia. Según el Gobierno, la jueza entiende que ABS «no tiene una obligación de diligencia frente al Estado español que, simétricamente, no estaría legitimado para exigir a ABS una conducta específica o deber de diligencia». Esta obligación solo se establecería con el armador del petrolero.
El proceso judicial queda de momento amputado para España después de siete años de instrucción durante los que han prestado declaración cientos de testigos y peritos nombrados por ambas partes. Ante la decisión judicial caben dos tipos de recursos. El de reconsideración, que equivale a un recurso de reposición que se debe presentar ante el mismo tribunal en un plazo de 14 días. También se puede recurrir a la Corte de Apelaciones. En este caso, el plazo es de 30 días.