El Concello de Culleredo precintó el pasado viernes el pub Chévere, situado en la calle Sanjurjo de Carricarte, como medida preventiva mientras se resuelven los expedientes que señalan que el local carece de la insonorización exigida. Además, desde el gobierno local aseguran que los responsables del establecimiento no notificaron el cambio de titularidad correspondiente, como es preceptivo, por lo que «no han realizado todos los trámites necesarios para obtener la licencia».
La asociación de vecinos O Noso Burgo viene denunciando la situación desde el 2001. En el 2002, los vecinos presentaron en el Concello quejas y denuncias contra el pub relacionadas con el ruido y por el horario de cierre, por lo que el Ayuntamiento accedió a realizar una medición del sonido. Según ellos, en noviembre del 2003 el informe de la empresa Norcontrol detectó 35 decibelios en una vivienda del primer piso donde dormía un matrimonio. Sin embargo, denuncian que después de la medición el local continuó abierto. En el mes de octubre del 2005 la asociación O Noso Burgo presentó una querella criminal contra el gerente del local, Luis Novo Arcay, y contra el alcalde de Culleredo, Julio Sacristán. La asociación explicó que la Policía Local aseguró que había intervenido en más de cien ocasiones en el establecimiento, pero los vecinos denuncian que no consta «ni una sola sanción».
En febrero del 2007, el colectivo O Noso Burgo alertó que había una nueva gerente, Olga Lucía Delgado Céspedes, que estaba actuando sin licencia. Los vecinos señalaron que un mes más tarde el jefe de la Policía Local y el secretario del colectivo descubren, durante una inspección del local, que el limitador del sonido estaba «trucado», ya que marcaba los mismos decibelios aunque aumentase el sonido.
Según los vecinos, a principios de este año acordaron con el Concello realizar una medición por sorpresa por parte de una empresa autorizada por la Xunta. Esta medición, llevada a cabo por la firma Ambio, refleja de nuevo que los decibelios superan en cinco y seis los treinta permitidos en las viviendas. Hace menos de un mes el Ayuntamiento abrió dos expedientes y acordó el cese preventivo de la actividad con el precinto del local.
Los vecinos continúan esperando la resolución de los expedientes, uno de los cuales solicita seis meses de cierre del pub y una multa que oscila entre los 1.500 y 9.000 euros. El otro, insta al cierre del establecimiento durante dos años y la imposición de sanciones de entre 6.000 y 60.000 euros.
Mediciones correctas
Desde el gobierno local aseguran que se han realizado «muchas mediciones, algunas con resultados correctos». Además el Ayuntamiento destaca que el incumplimiento de los horarios es una competencia autonómica, así como las reyertas que los vecinos denuncian que se han producido en las inmediaciones, cuyo control corresponde a la Delegación del Gobierno. En este sentido, el concello recuerda la actuación administrativa está en marcha y asegura que está trabajando en lo que es de su competencia, como son las ordenanzas de ruido.