A Coruña y las instituciones claman justicia para Diego Bello y el Gobierno responde a la familia que contrate un abogado en Filipinas

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

MARCOS MÍGUEZ

Las instituciones y los allegados piden al Ejecutivo mayor implicación para el esclarecimiento del caso del coruñés asesinado en Filipinas por la policía y lamentan que no se hayan dado pasos

12 may 2021 . Actualizado a las 11:36 h.

El 8 de enero del 2020, Diego Bello, el joven empresario coruñés moría acribillado a balazos en Filipinas. Casi un año y medio después, el dolor de los suyos sigue intacto, agravado por la ausencia de avances en el caso. Su familia, que llamó a todas las puertas habidas y por haber todavía espera Justicia. Están sumidos en «la desesperación más absoluta y la «impotencia». Pese a que todas las pruebas apuntan hacia el mismo hombre, un político corrupto de aquel país, «nada se avanzó». Quien habla es Francisco Lafuente, tío de Diego, a quien segaron la vida las balas de la Policía de Filipinas en Siargao con 32 años.

Pese a las innumerables muestras de apoyo, la investigación está parada. Como si no hubiese pasado nada. En esa lucha por esclarecer la verdad se sumaron el mes pasado todos los miembros del Parlamento gallego, que no dudaron en calificar los hechos de «asesinato» y pidieron al Gobierno central que se implique.

En una declaración institucional, demanda al Ejecutivo de Sánchez «cuantas acciones políticas, diplomáticas y judiciales sean necesarias» para exigir el total esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de Diego Bello. El informe emitido por la policía de Filipinas suscitó numerosas dudas desde el primer momento y no aportaba evidencias ni pruebas sobre la acusación inicial de que había muerto en una operación contra el tráfico de drogas, del que se le acusó.

Lo mismo hizo el Ayuntamiento coruñés y arteixán. Así como la Diputación. Incluso el ex delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, se reunió con la familia, a la que prometió que también trasladaría al Gobierno la necesidad de que los culpables paguen por lo que hicieron.

Así que el Ejecutivo está ya más que avisado. Tanto es así que la comisión de asuntos exteriores del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad en noviembre del año pasado una iniciativa del PP para que promover una investigación en torno a las circunstancias de la muerte del joven coruñés. Y todos los partidos se pronunciaron al respecto a través de preguntas al Gobierno, que por el momento se limitó a un consejo. El que le dio a la familia. Les hizo saber que lo mejor que podían hacer, como primer paso, era contratar a un abogado en Filipinas. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, aseguró haber mantenido intensos contactos con la Fundación Abogacía Española. También la necesidad de contratar a un letrado de una lista que les pasó a los allegados del fallecido. Así como la puesta en contacto con oenegés especializadas en materia de Derechos Humanos.

El Ejecutivo afirma que tanto el Consulado como la Embajada han mantenido contactos estrechos con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas y que la Embajada española ha solicitado de manera reiterada nuevas revisiones a la investigación del caso.