Los concellos tienen que pagar los abogados de ediles y funcionarios absueltos
21 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Al margen de cuestiones difíciles de cuantificar como el despliegue policial o el propio funcionamiento del sistema judicial, con un sumario de más de 10.000 folios cuya instrucción se prolongó siete años largos, la conocida como operación Orquesta, que con toda probabilidad el martes se confirmará que fue un gran fiasco, le va a salir al contribuyente por decenas de miles de euros.
Los concellos, tal como dice la ley y confirmaron la secretaria de Vimianzo y la interventora de Cee en sendos informes solicitados al respecto, están obligados a pagar los gastos de abogados y procuradores de los servidores públicos imputados en el ejercicio de su cargo cuando quedan absueltos. Esto es tanto políticos como funcionarios y trabajadores municipales.
En Cee, por ejemplo, las arcas del Concello ya desembolsaron 34.132 euros de estos gastos de tres funcionarios y la entonces jefa de gabinete y hoy teniente de alcalde, Pilar Iglesias. Pero la factura podría incrementarse sensiblemente en caso de que, como todo apunta, queden exonerados el alcalde, Ramón Vigo, y el concejal Juan Bautista Areas, porque ambos llegaron a juicio y eso engorda las minutas.
También llegó el exalcalde de Corcubión, Francisco Javier Lema, al que el Concello, según explica el actual regidor, Manuel Insua, le tuvo que resarcir los entorno a 17.000 euros gastados en esta causa, en la que estuvo representado por dos abogados diferentes.
En Fisterra y Mazaricos la Fiscalía no formuló acusación y, por tanto, no se alcanzó ese momento del juicio oral, pero igualmente los implicados tienen derecho a que se le abonen esas facturas. El alcalde fisterrán, José Marcote, no sabe precisar de memoria la cifra, pero cree que ya todos los afectados cobraron. Su homólogo mazaricano, Juan José Blanco, explica que le pagaron unos 9.000 euros a su antecesor, José Manuel Santos, otro tanto al edil Manuel Rodríguez y algo más de 4.000 a un trabajador municipal, aunque ni la secretaria ni el que era arquitecto municipal presentaron aún sus facturas.
En definitiva, solo con lo que ya está acreditado son más de 70.000 euros los desembolsados por los concellos en abogados y procuradores.
El final del caso por un asunto técnico deja preguntas que nunca tendrán respuesta a nivel judicial
El hecho de que la pieza de Cee, que es la única que queda ya de lo que fue en su día el macrosumario de la Orquesta, vaya a quedar en nada por una cuestión técnica, la ilegalidad de las escuchas que dieron lugar a todo lo demás, implica que las principales preguntas del caso jamás van a tener una respuesta en sede judicial. Más que nada porque ninguno de los principales implicados ha llegado a sentarse delante de un juez para dar sus explicaciones.
Únicamente lo hizo el corcubionés Francisco Javier Lema y lo que se supo en esa pieza es que había irregularidades, al menos en cuanto a la manera en que se conseguían ofertas para las obras, pero nada punible penalmente.
Ahora bien, los regidores de Mazaricos y Fisterra ni siquiera llegaron a comparecer porque no hubo juicio y el de Cee, que si lo acaba de hacer y tendrá que volver el martes, en ningún momento ha abierto la boca sobre el fondo de la cuestión, porque la estrategia de su defensa fue no recurrir nada hasta llegar al juicio oral.
Por tanto, queda claro que ninguno de los políticos es culpable de prevaricación, falsedad documental, cohecho y el resto de graves delitos por los que se les acusaba. Lo que permanecerá para siempre sin esclarecer es cómo se produjeron los hechos en sí, de los que se hablaba en las conversaciones difundidas.