Oposición y gobierno de Vimianzo ven cada uno su propio Castillo

Lo que para el alcalde es una inversión dentro de un ambicioso plan de futuro para los otros grupos es derroche y un atentado a la propiedad

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cee / la voz

El nuevo tema de la confrontación política en Vimianzo son las dos parcelas, una de ellas con una casa en ruinas, que el gobierno local quiere para ampliar accesos y espacio público dentro de un plan a medio largo plazo para darle una gran vuelta de tuerca al valor del Castillo. De hecho, en eso y en una treintena larga de ruegos y preguntas se consumieron la gran mayoría de las dos horas que duró el pleno del viernes.

El alcalde, Manuel Antelo, defendió que «hai que empezar por algo» y su grupo considera que «é o momento» de hacerse con estos terrenos, y para ello el gobierno aprobó iniciar el procedimiento de expropiación, mientras que los opositores, que votaron todos en contra, con pequeños matices, pusieron todos el grito en el cielo por lo excesivo del gasto, por falta de negociación con los propietarios. Paula Mouzo (PSOE) le echó en cara alcalde que no tiene «capacidade de sentarse a falar cos veciños» y que «a xente non vive solo do turismo». Mónica Rodríguez (IxV) habló directamente de un «atentado contra a propiedade privada por vinganza». Raquel Rodríguez (PP) le recalcó que «non é un proxecto de Vimianzo, é un proxecto seu». Y José Manuel Rodríguez (TeGa) dijo que el alcalde «no momento no que alguén non vai por onde el quere exprópialle». Eso sí todos dijeron que el proyecto global de mejorar en la valorización del Castillo les parece bien, aunque no explicaron qué hacer para aplicarlo. Y aquí fue donde Antelo les puso sobre la mesa el «nós damos pasos», que indica su intención de actuar, al margen de defender todo el procedimiento.

Entre más de dos millones y 80.000 euros

La guerra dialéctica, al margen de en la siempre jugosa palabra «expropiación» estuvo en las cifras. Los opositores se esforzaron desde el primer momento en que pareciesen lo más abultadas posibles: 460.000, 280.000, 438.000, 1,5 y 2,2 millones de euros, que sería el precio de desarrollar todo el plan con el que el Concello, de momento, sueña. Cifras todas ellas que figuran en un documento elaborado por el arquitecto David Estany en diciembre del 2016, pero que ni siquiera tiene carácter formal. Más que nada porque el Concello, aunque espera un respaldo importante de la Deputación casi inminente, no tiene ese dinero para meter en el Castillo, ni como dijo Antelo, para expropiar en el entorno las más de 50 fincas de las que habla la oposición y que, según él, ni son tales ni hay intención alguna de expropiarlas. Lo que quiso recalcar el alcalde es que a lo que ahora se aspira, «por un procedemento legal para bens dun interese público acreditado» es adquirir una finca urbana con una casa en ruinas por 70.000 euros y una rústica por entre 10.000 y 11.000, aunque a su juicio valen menos.

En resumen, unos agitando el espantajo del gobierno poco menos que comunista avasallador de la propiedad privada, y los otros quitándole hierro a una expropiación, que llega justo después de que los propietarios de las fincas cerrasen el paso para el Asalto.

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