La Audiencia dice que no hubo delito en la Casa da Cultura de Vimianzo

Rechaza el recurso del Concello contra el exalcalde, su hermano y el arquitecto


cee / la voz

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha rechazado el recurso interpuesto por el Concello de Vimianzo contra la sentencia del Penal Número 3 de A Coruña, en la que se absolvía al exalcalde de la localidad Alejandro Rodríguez Lema, al hermano de este Manuel y al arquitecto municipal Julio Vázquez Rodríguez de un delito de prevaricación administrativa en concurso con otro de fraude por la obra de la Casa da Cultura.

Los magistrados hacen un detallado relato de cómo se llevó a cabo el proceso desde aquella primera aprobación de la obra en pleno por 1.186.977 euros el 22 de octubre del 2005, como ganó el contrato el hermano del alcalde entre las cinco empresas que se presentaron y cómo se desarrolló la ejecución, el modificado del proyecto, que lo encareció más de 200.000 euros y la reclamación final de otros 700 y pico mil, para la que incluso el Concello tuvo que pedir un crédito. También relata como unos trabajos que tenían que estar acabados a principios del 2007 seguían sin finalizar en verano y como se incumplió claramente la baza principal que le hizo ganar el contrato a Manuel Rodríguez Lema, que fue la rebaja del tiempo de ejecución de 18 meses a solo siete.

Sin embargo, nada de eso es delito. Ni lo fue para el juzgado de instancia ni lo es ahora para los magistrados de la Audiencia, que mantienen plenamente la sentencia y exoneran de cualquier carga penal a los implicados. Para que se observase esa prevaricación o fraude los hechos deberían contradecir «las normas de forma patente y grosera, que desborden la legalidad de forma evidente, flagrante y clamorosa, o que muestren una desviación o torcimiento del derecho tan grosera, clara y evidente que ponga de relieve el plus de antijuridicidad que exige la sanción penal», según explica la sentencia y eso no se ha dado. Lo sucedido está «dentro de las previsiones, documentado y conocido por la corporación local».

Además, los magistrados, antes de entrar a conocer el fondo del asunto, ya explican de forma extensa y prolija que ni siquiera el Concello tendría derecho a actuar como perjudicado en este caso, en base a la interpretación que hacen de la figura de la acusación popular. En términos muy resumidos, vienen a decir que para defender los intereses públicos ya está la Fiscalía, por más que habitualmente se acepten este tipo de personaciones de la Administración.

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