El TSXG reafirma la suspensión del arquitecto de Vimianzo

Revoca el fallo del Contencioso y deja la sanción en tres años

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cee / la voz

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha terciado en uno de los culebrones más complejos de la historia política y judicial reciente del Concello de Vimianzo, la suspensión del arquitecto municipal, Julio Vázquez, por incurrir en una falta muy grave de incompatibilidad, al realizar trabajos privados pese a tener exclusividad en el Ayuntamiento. Y lo ha hecho para revocar la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Número 2 de A Coruña, que el 10 de marzo del año pasado le había dado la razón al funcionario, al entender que hubo varios vicios formales y prescripciones en el expediente instruido por el Concello.

Vázquez, que ya trabajaba antes para el Concello, el 1 de abril del 2003 ganó la plaza de arquitecto municipal y desde entonces cobraba un 30 % de la retribución básica para su categoría, precisamente por esa dedicación en exclusiva para el Ayuntamiento. Sin embargo, figuraba como administrador solidario de Sancasa S. L. y redactó proyectos o dirigió y supervisó obras en A Laracha y Monforte de Lemos. Esa condición de administrador de la empresa no resulta relevante para el TSXG, porque la compañía no tuvo actividad en el período que interesa a efectos legales y tampoco la vivienda unifamiliar de A Laracha, al entender que fue un trabajo gratuito para un amigo de su esposa. Sin embargo, la promoción de Monforte sí. Aunque otro arquitecto declaró que Vázquez había dejado la dirección de esa obra y se hizo cargo él, el tribunal dice que se le puede presumir «un testimonio complaciente y favorable», ya que trabajaron juntos. Sin embargo, la documentación oficial que hay que remitir al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) lo desmiente y determina que fue el funcionario quien siguió operando en esa promoción cuando ya no podía hacerlo legalmente.

La defensa del arquitecto se centró en un rosario de recusaciones contra los impulsores del expediente, de denuncia de vicios procedimentales y de reafirmación de la inquina del alcalde contra él, algo señalado también como testigo por el concejal de TeGa, José Manuel Rodríguez Blanco. Sin embargo, el TSXG, rechaza todos esos argumentos y únicamente rebaja de cuatro a tres años la sanción, al entender que no se le aplicó el precepto infringido concreto, sino otro muy similar.

Para el alcalde, que agradece el trabajo del abogado Óscar Rodríguez Insua, lo importante es que el tribunal confirma que el expediente «foi totalmente independente e axustado a dereito». Señala que no fue el arquitecto sino él quien tuvo que soportar «uns insultos e descualificacións fóra de toda ética» por parte de los defensores legales de Vázquez «nun intento de tapar a evidencia dunhas actuacións ilegais».

De igual modo, cree que tanto Rodríguez Blanco como la portavoz de IxV, Mónica Rodríguez Ordóñez, deberían pedirle perdón y dimitir «por todas as calumnias e falsidades contra o alcalde, que cometeron a favor do arquitecto municipal». Una actitud que enmarca en que Rodríguez Ordóñez «débelle moitos favores, como a licenza da nave da súa empresa que se demostrou ilegal» y Rodríguez Blanco, «un informe sobre a falsa antigüidade da súa casa construída en solo rústico».

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