«Se eu teño que cumprir coa lei, en Vimianzo vaina cumprir todo o mundo», afirma
05 oct 2019 . Actualizado a las 20:44 h.La casa de Evaristo Blanco Blanco, en Tras do Ceán, en la parroquia vimiancesa de Bamiro, es historia. Una retroexcavadora de cadenas de la empresa López Cao la redujo a escombros a primera hora de la tarde de ayer, después de que, al filo del mediodía, el propietario, arropado por una veintena de vecinos -entre ellos la concejala del PP, Raquel Rodríguez, y el de TeGa, José Manuel Rodríguez- explicase las razones del derribo, en las que volvió a cargar con dureza contra el gobierno municipal y especialmente contra el alcalde, Manuel Antelo. Y no solo eso, porque Blanco aseguró que ya el viernes había interpuesto dos denuncias porque «se eu teño que cumprir coa lei -dijo-, en Vimianzo vaina ter que cumprir todo o mundo. E porque non son malo, que se son malo cerro a metade dos negocios de Vimianzo», señaló.
Al regidor, Manuel Antelo, le dedicó todo tipo de improperios: «mentireiro, trapalleiro... é un abuso o que fixo comigo», al tiempo que iba mostrando numerosa documentación recabada para incidir en las tesis que viene repitiendo en los últimos meses. Las fundamentales: incidir en que, desde su punto de vista, la casa ni siquiera es ilegal, sino que hubo «un erro de proxecto»; que no pudo recurrir en los juzgados a tiempo por falta de dinero, que el Concello tampoco le informó durante un año y ocho meses de la sentencia en su contra y que, mientras lleva desde el 2015 esperando a la redelimitación de núcleos que podría ayudarle, esta no se ha presentado hasta ahora. Es más, incidió en que los plazos ya no le dan para seguir aguantando. «Eu non tiro a casa porque me dá a gana, eu tiro a casa porque teño unha hipoteca de 150.000 euros ao lombo e teño que pagar multas que nun ano chegan aos 25.000 euros, porque a APLU non paraliza o expediente e, ao final, se non tiro a casa tírana eles e aínda lles teño que pagar o derrubo», recalcó. Al mismo tiempo insistió en denunciar un supuesto trato de favor hacia el vecino que le denunció, que según él está en una situación parecida o incluso peor.
El alcalde, por su parte, incidió en que él no tiene «responsabilidade ningunha en todos estes expedientes», porque la obra, el incumplimiento de licencia, «que é como se non a tivese», la denuncia e incluso la sentencia son anteriores a su llegada al cargo. Pese a ello, destaca que buscó una solución «coa garantía dunha institución coma a Deputación» y ahora, cuando el procedimiento está en marcha «este señor tira a casa porque quere». Con lo cual, a su juicio, lo que hay detrás es «un interese económico» y utilizarlo a él, como alcalde de Vimianzo, «é unha maneira de saír nos medios», algo que no sería del mismo modo yendo contra un particular.
A Antelo también le parece paradójico que el afectado se acompañe del que era concejal de Urbanismo cuando se cometió la ilegalidad, y miembro del anterior gobierno «que ben puido iniciar a redelimitación dos núcleos e non o fixo», así como de la representante del PP, porque es de la Xunta y no del Concello de quien depende la APLU.
Decenas de inmuebles cayeron antes por causas similares
El caso de Bamiro, con todo lo que pueda suponer de drama personal y también de revuelo político y mediático, que casi nunca faltan en estas situaciones, está lejos de ser una rareza en la Costa da Morte, porque se ha repetido en decenas de ocasiones en los últimos años.
Solo por expedientes de la APLU, bien iniciados de oficio o por denuncias de terceros, fueron derribados en la zona siete inmuebles en el 2016, otros cinco en el 2015 y el pasado 2017 arrancó con otras dos demoliciones más, una en Buño (Malpica) y otra en Arou (Camariñas). En la mayoría de casos fueron los propietarios los que ejecutaron las sentencias, ante la presión de las multas coercitivas o la certeza de que poco o nada se podía hacer para lograr la legalización, aunque también ejemplos de actuación directa de la APLU, que luego pasa la factura del derribo a los promotores.
Alguno de los ejemplos más significativos de los últimos tiempos se localizan en los terrenos conocidos como Pao do Lobo, frente a la protegida zona de Reira, en Camariñas, o en el entorno de la playa fisterrana de Mar de Fóra, donde desaparecieron tres construcciones que estaban prácticamente juntas. Sin embargo, las viviendas como tal, medianamente acabadas y con servicios no son los casos más abundantes, sino que dominan los cobertizos, las ampliaciones irregulares, como una también muy sonada en el casco urbano de Malpica y otra en Camariñas, y otros inmuebles relativamente precarios, casi siempre construidos en lugares de interés paisajístico y cuya ilegalidad resulta manifiesta. Son casi siempre casetas que acaban derivando en casas de fin de semana o segundas residencias, de lo que todavía quedan ejemplos en buena parte del litoral.
El alcalde fisterrán ya solo espera correcciones menores para que se apruebe el PXOM
En buena parte de las irregularidades urbanísticas que acaban en derribos hay detrás un planeamiento precario, aparte de la teoría dominante durante años del «ti vai facendo» o lo que son ya muestras de falta de respecto absoluto por las normas. Así, los concellos que carecen, o carecían, de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en condiciones son los que se encuentran con los mayores problemas. Y Fisterra es quizás el ejemplo más claro, porque ya no solo están en riesgo varias viviendas unifamiliares, sino que el Concello podría incluso verse expuesto al pago de indemnizaciones millonarias, sino se le da cabida dentro de las normas a promociones de la recta de la Anchoa.
De ahí el interés del gobierno municipal por sacar adelante el PXOM a cualquier precio y también la indignación porque lleve más de un año estancado en la Xunta. Una parálisis, que a juicio del alcalde, José Marcote, debería llegar a su fin «en teoría antes de finais de mes». La última propuesta presentada, que además motivó una nueva reunión entre el Concello y la Xunta hace tres semanas, se realizó por consenso, entre los técnicos de la Deputación que la elaboraron y los de la consellería de Medio Ambiente. «Vírana ben, co cal entendo que agora se presentan algo serán detalles, correccións menores», confía Marcote, en relación fundamentalmente con Infraestruturas, que fue el organismo que les puso más pegas, también por la recta de la Anchoa. Este ente de la consellería pretendía que se hiciese una vía de servicio a cada lado de la carretera comarcal, aunque finalmente solo las exigirá donde no está urbanizado.